CHIHUAHUA.-El diputado local Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Chihuahua, dirigió una carta pública al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la que planteó la necesidad de modificar la relación entre México y las dictaduras de América Latina.

En su misiva, el legislador pidió la intervención del gobierno estadounidense para presionar a México a romper vínculos diplomáticos, económicos y políticos con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Sánchez Villegas afirmó que hablaba en nombre del pueblo del norte de México, al que describió como un sector que no calla, que resiste y que reclama con urgencia un golpe de timón en la relación entre nuestros países, según publica el medio Todo es Política.

De acuerdo con el legislador, la política exterior mexicana se ha mantenido en una posición de complicidad, indiferencia o subordinación frente a regímenes que, según sus palabras, han dañado las condiciones de libertad y prosperidad en América Latina.

El legislador incluyó seis exigencias principales en su comunicado.

En primer lugar, solicitó un alto total a la ayuda mexicana a lo que denominó “narco-dictaduras”, e instó a que desde Washington se promueva un exhorto al gobierno mexicano para cesar cualquier forma de apoyo –económico, diplomático o político– hacia los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En segundo lugar, demandó la expulsión inmediata de médicos cubanos que, según Sánchez, operan como agentes propagandistas bajo el disfraz de programas de cooperación. Aseguró que dichos profesionales representan una carga para el erario nacional y una herramienta de propaganda para el gobierno cubano. Señaló que no se puede permitir que los recursos de los mexicanos alimenten la maquinaria de la opresión.

En su tercera petición, Sánchez propuso que el gobierno mexicano reconozca formalmente a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Según su planteamiento, dicha designación permitiría fortalecer la cooperación internacional y modificar la estrategia de combate al crimen organizado.

La cuarta exigencia abordó la necesidad de una ofensiva contra lo que denominó como “narcopolíticos”. En su escrito, sostuvo que el verdadero cáncer de México no son únicamente los criminales armados, sino los políticos arrodillados ante ellos, y llamó a establecer mecanismos de coordinación con Estados Unidos para identificar y sancionar a funcionarios públicos que mantengan vínculos con grupos criminales.

Como quinta propuesta, Sánchez solicitó que México asuma una colaboración estratégica con Estados Unidos y Canadá para combatir lo que describió como narcoterrorismo. Planteó la creación de un tratado trilateral en materia de inteligencia, seguridad y justicia que permita la acción coordinada en la región norteamericana.

La sexta y última demanda del legislador fue la eliminación de la política federal conocida como “abrazos, no balazos”. Afirmó que dicha estrategia representa una claudicación criminal y consideró que ha dejado a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad frente al crimen organizado. Según Sánchez, esta política no constituye una medida de pacificación legítima, sino una expresión de impunidad.

Sánchez recordó que desde el Congreso del Estado de Chihuahua ha promovido acciones concretas contra los gobiernos considerados dictatoriales. Entre ellas, mencionó la solicitud formal para declarar personas “non gratas” a los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba. También refirió la inclusión del delito de narcoterrorismo en el código penal del estado como un paso en la ruta que su bancada considera necesaria para enfrentar al crimen organizado.

La carta fue divulgada públicamente como parte de una campaña de presión política hacia las autoridades mexicanas y estadounidenses. En su contenido, Sánchez reiteró la urgencia de reorientar la política exterior de México y asumir un compromiso conjunto con Estados Unidos en el combate contra el narcotráfico y los regímenes latinoamericanos que considera antidemocráticos.

Hasta el momento, no se ha informado si el Secretario de Estado Marco Rubio emitirá alguna respuesta formal a la misiva enviada por el legislador mexicano. Tampoco se ha registrado una postura oficial por parte del gobierno federal respecto a las declaraciones del diputado local.

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