En medio de múltiples señalamientos de abusos cometidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la justicia federal ordenó cesar de inmediato cualquier arbitrariedad en contra de una familia, entre ellos un menor de 5 años, al conceder la suspensión de plano en el juicio de amparo 564/2025.
“Se decreta la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, para el efecto que las autoridades responsables de inmediato se abstengan de realizar contra los quejosos cualquier acto que atente contra su dignidad humana”, resolvió el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Veracruz.
La medida se dictó contra la FGE y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), señaladas por presuntos actos de incomunicación y tortura psicológica en agravio de Samantha Guadalupe Francisco Rosas, su hijo de 5 años y otros familiares.
La madre del menor, Wendy Rosas Rafael, explicó que el 19 de junio su hijo y sus suegros acudieron al penal de “La Toma”, en Amatlán de los Reyes, para visitar al padre del niño y que al salir fueron detenidos por policías ministeriales sin justificación. “Violentaron sus derechos por 48 horas. Al niño se lo llevaron y no nos avisaron; se lo llevaron detenido”, relató.
El menor fue trasladado a Xalapa por agentes de la UECS con los ojos vendados. “El menor está muy afectado. Me lo entregaron el día lunes. Estuvo los primeros días con ella y luego lo trasladaron al DIF Conecalli. El niño refiere que lo vendaron de los ojos. Fue algo espantoso, fue algo traumático para mi hijo. Lo vendaron desde el momento en que lo trasladaron desde Amatlán, de La Toma, hasta las oficinas en Xalapa”, dijo Rosas Rafael a medios de comunicación.
El Juez también ordenó que cese “de inmediato la incomunicación de la que se dice son objeto los directos quejosos” y requirió a las autoridades “informar a este Juzgado en el término de 24 horas, computado legalmente, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano”.
La resolución puntualizó que “la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme con lo que dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo”. Además, instruyó al actuario judicial a constatar las condiciones físicas de los involucrados: “Se comisiona al actuario adscrito para que en el momento de la notificación, dé fe de las condiciones físicas de los quejosos, las cuales puedan ser apreciadas por sus sentidos”. La abuela del niño presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y sostuvo que “exige justicia para su nieto y familia”.
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