En el caso de Veracruz, de manera oficial son 6 mil 988, refiere el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO).

Los datos en la base del INE hacen referencia desde el 01 de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2025. Durante ese lapso muestra que son 91 mil 330 hombres desaparecidos y 26 mil 253 mujeres, así como 229 sin identificar el sexo.

Todas las cifras fueron basadas con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Se indica que en diciembre de 2006 hubo 39 desaparecidos; al siguiente año (2007), 833; mientras que para 2008, el número se disparó a 1 mil 144.

Para 2015, el registro ya contabilizaba 4 mil 158; en 2018, el problema social reflejaba a 7 mil 067 personas no localizadas; en 2023 el dato muestra que 10 mil 583 seguían sin aparecer, pero en 2024 la cifra fue la más alta con 13 mil 360. En lo que va de 2025, ya se contabilizaron 8 mil 538.

El 17 de noviembre de 2017, se expidió la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que permitió crear la CNB.

Esto derivó varias actividades e iniciativas para promover la búsqueda y localización de personas a través de la identificación de personas no localizadas, así como a que las instituciones públicas y privadas coadyuven en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

Es en el marco de esta normatividad que el INE ha firmado diversos convenios con la CNB y con las Comisiones de Búsqueda de Personas de las Entidades Federativas, así como con la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías de los Estados que tienen a su cargo los servicios forenses.

Es de esta manera que el INE coadyuva, mediante el uso de la base de datos biométrica más grande del país, con las diferentes autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas.

Conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, realiza la confronta de información mediante el uso de los sistemas de identificación del INE a efecto de lograr la identificación de personas no localizadas o de personas desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricos susceptibles de ser analizados.

El 6 de septiembre de 2016, el INE firmó el convenio de colaboración con la entonces Procuraduría General de la República —ahora FGR—, las FGE, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y los Servicios Médico Forense (Semefo) de las entidades federativas de que proporcionen información biométrica de huellas dactilares de personas no localizadas o desconocidas que contribuya a la identificación respecto de la información con la que cuenta el INE, permitiendo también la depuración del Padrón Electoral.

Los resultados obtenidos son verificados por peritos dactiloscopistas y sólo en el caso de que se confirme la coincidencia de las huellas dactilares, se comparte la información personal para identificar a la persona, así como para contar con el acta de defunción que permita al INE dar de baja el registro correspondiente, permitiendo depurar el Padrón Electoral.

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