CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Los pecados de Adán”, así presenta la revista Proceso en su edición de agosto el reportaje sobre el entramado del aparato de seguridad y justicia de Tabasco con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Los vínculos fueron reportados en su momento por los servicios de inteligencia del Estado mexicano durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al conocido caso de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad del ahora senador morenista, se suma el del vicefiscal Nicolás Bautista Ovando, cuando la fiscalía del estado estaba encabezada por Jaime Humberto Lastra Bastar, ahora diputado federal de Morena.
De vicefiscal, Bautista Ovando pasó a ocupar la Fiscalía de Tabasco a propuesta de Adán Augusto López Hernández.
En el estado de Veracruz, la connivencia tácita entre el poder político y la delincuencia organizada alcanzó niveles de “normalización” después de años de extracción ilegal de combustibles. Proceso acudió a las poblaciones del sur de la capital y de la entidad en donde las fuerzas federales decomisaron más de millón y medio de litros de hidrocarburos en dos plantas huachicoleras que estaban a la vista de todos.
La extracción ilegal del combustible era una práctica tan común que incluso entidades del gobierno federal dieron permisos ambientales y servicios a las plantas huachicoleras. Contrario al discurso federal, la gobernadora Rocío Nahle desestimó que una de ellas fuera una instalación ilegal dedicada al robo a Pemex, sino una mera “mezcladora de aceites”.
La publicación, ya en circulación física y electrónica, también da cuenta de cómo el gobierno de López Obrador otorgó un crédito fiscal de 50 millones de pesos a Laboratorios Collins, de Jalisco, pese a que en 2008 Estados Unidos vinculó a la farmacéutica con actividades de lavado de dinero. La empresa, que ahora está en venta, se encuentra desde el año pasado bajo investigación de la Fiscalía General de la República y la Cofepris por supuesto manejo indebido de sustancias controladas.
Después de la experiencia de los tres bancos intervenidos por el gobierno mexicano ante la acusación estadunidense de lavado de dinero, el sector empresarial mexicano ha identificado las actividades económicas y las entidades del país en la que existe el riesgo de que empresas nacionales sean incluidas en la lista negra del Departamento del Tesoro. La revista obtuvo el documento y lo presenta a sus lectores.
Las tensiones en la relación de México con Estados Unidos también alcanzan a cientos de miles de nacionales radicados en ese país. Este medio se trasladó a Chicago, donde 70% de los migrantes ilegales son mexicanos. Defensores de derechos humanos aseguran que los nacionales perseguidos y detenidos están perdiendo, de un día para otro, bienes y familia.
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