Tamaulipas.-Gabriel Hernández Tovar, empresario de Reynosa y activista del Colectivo 10 de Marzo, fue asesinado a balazos la madrugada del 16 de julio, apenas seis días después de que autoridades estatales le retiraran la custodia que tenía por orden judicial, pues vivía bajo amenazas.
De acuerdo con la información, el cuerpo sin vida de Gabriel Hernández fue localizado dentro de su camioneta Nissan Frontier blanca, proyectada hacia el interior de un canal de desfogue de aguas negras en la colonia Loma Real de Jarachina Sur, en Reynosa.
La unidad presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego en el asiento del conductor. De acuerdo con reportes preliminares, fue perseguido por un grupo armado y ejecutado a tiros; al intentar huir, perdió el control del vehículo y cayó al canal. La escena fue atendida por personal de Protección Civil y Bomberos, quienes confirmaron el deceso.
Versiones recogidas por medios locales indican que el ataque ocurrió cuando la víctima se encontraba en una tienda de autoservicio.
Gabriel Hernández fue secuestrado en 2021 presuntamente por integrantes del Cártel del Golfo, durante lo cual fue testigo de crímenes atroces como ejecuciones e inhumaciones clandestinas.
A partir de entonces se convirtió en denunciante activo de las desapariciones forzadas en la región, lo que lo llevó a colaborar con el colectivo 10 de Marzo, fundado por Delia Quiroa, también víctima indirecta de desaparición.
En junio de 2024, Gabriel denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de un supuesto miembro del crimen organizado identificado como Mario Guitian Rosas, alias “La Chispa”, a quien acusó directamente de ser el responsable de secuestros en la región. También señaló al fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, como protector del grupo criminal.
“Si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, el responsable es Mario ‘La Chispa’ y el fiscal Irving Barrios”, advirtió en un audio enviado a la periodista Azucena Uresti, de Radio Fórmula, hace mes y medio. En otro mensaje público declaró: “Aquí en Reynosa, la capital del secuestro, el gobierno no protege a los empresarios”.
Custodia retirada
Desde abril de 2023, Gabriel había logrado un amparo que obligaba a las autoridades a brindarle protección mediante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Su custodia estaba a cargo de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Tamaulipas.
Sin embargo, el 10 de julio de 2025, esa custodia le fue retirada sin explicación, a pesar de que el amparo seguía vigente.
Delia Quiroa, del Colectivo 10 de Marzo, confirmó que el retiro ocurrió a pesar de una orden judicial expresa. “El gobierno debía garantizar su seguridad, y no lo hizo. Ahora estamos exigiendo respuestas y justicia”, dijo en entrevista este jueves con Azucena Uresti.
La situación ha generado alarma en el colectivo 10 de Marzo, cuyos integrantes también enfrentan amenazas. Quiroa detalló que el mismo 10 de julio, el Poder Judicial emitió otro acuerdo en el que se ordenaba protección urgente para otros dos miembros del colectivo. Hasta la fecha, el mecanismo federal no se ha comunicado con ellos.
Durante meses, Gabriel denunció que sus carpetas de investigación por secuestro y extorsión no avanzaban y que había una protección institucional hacia los agresores. El entonces vocero estatal de seguridad, Jorge Cuéllar, llegó a calificar sus denuncias como “subjetivas” e invitó a Hernández a “insistir y denunciar”, pese a que el empresario ya lo había hecho por todos los canales disponibles.
“Cuando una persona se vuelve incómoda para las autoridades, pasan estas cosas”, sentenció Delia Quiroa.
Hasta ahora, ni el Gobierno de Tamaulipas ni la Fiscalía estatal han explicado públicamente por qué se retiró la protección a Gabriel Hernández, ni han ofrecido avances sustanciales en la investigación del crimen.
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