Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó el sábado la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá la regulación del ecosistema digital en el país.
Con 77 votos a favor y 30 en contra, el dictamen fue avalado por el pleno en lo general. Después se le dio luz verde en lo particular, por lo que fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
Aunque su estructura aún no ha sido definida públicamente, la legislación plantea el surgimiento de la ATDT como una figura central en la política tecnológica del país.
«El nuevo ordenamiento fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, con lo que se garantiza el acceso a la radiodifusión con un enfoque multicultural y de derechos humanos», se lee en el comunicado del Senado.
¿Qué cambia con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión?
• Se extingue el IFT y se transfiere su marco de acción a la ATDT.
• Se reconoce el acceso a Internet como un derecho universal.
• Se fortalece el papel de medios comunitarios, indígenas y públicos, con un enfoque de inclusión digital y derechos humanos.
• Se incorporan medidas de inclusión para que personas con discapacidad accedan a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
El dictamen cumple con el mandato del artículo décimo transitorio del decreto constitucional de diciembre de 2024, que ordenó al Congreso expedir esta Ley secundaria.
Además, en el artículo noveno transitorio se detalla que el IFT contará con los recursos necesarios, incluidos los del Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento, para indemnizar a su personal, ya sea mediante finiquito o pago por estabilidad laboral.
El boletín oficial también añade que se estableció que todas las personas servidoras públicas del Instituto causarán baja al momento de su extinción.
La propuesta incorpora observaciones recabadas en cinco conversatorios organizados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y las comisiones legislativas correspondientes, en los que participaron representantes del sector, académicos y organizaciones civiles.
Pese a las reservas presentadas por legisladores de todos los partidos políticos para modificar diversos artículos, el pleno mantuvo el texto original en sus términos.
Mientras algunos senadores destacaron que esta Ley representa una “actualización institucional” en la era digital, opositores advirtieron sobre el riesgo de debilitar la autonomía regulatoria en el sector.
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