MÉXICO.-La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó los dictamenes para expedir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de señalamientos de la oposición de violar el derecho a la privacidad de los ciudadanos al obligarlos a registrar sus líneas telefónicas.
Con 25 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, la Comisión dio luz verde a la creación de la Plataforma Digital de Usuarios de Telefonía Móvil, obligada en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que las líneas telefónicas móviles que se encuentren activas previamente a su entrada en vigor, deberán ser registradas por los operadores de telecomunicaciones en un plazo máximo de dos años y que toda línea que no haya sido registrada dentro del plazo establecida será suspendida, con excepción de los servicios de seguridad y emergencia.
Ambas leyes, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, serán discutidas en el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión del 20 de marzo.
El diputado Israel Betanzos, del PRI, recordó que en 2021 Morena impulsó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), sin embargo, fue declarado inconstitucional por Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al violar el derecho a la privacidad.
La entrega de datos personales y datos biométricos de las personas usuarias afecta los derechos a la privacidad íntima y protección de datos personales sensibles de los usuarios, sin una finalidad legítima y sin los medios de protección adecuada.Israel Betanzos.
El diputado César Damián Retes, del PAN, dijo que el centro de la discusión es garantizar la seguridad de las familias de México, sin que ello implique que los ciudadanos entreguen sus datos personales.
Nos preocupa el uso indebido de datos por parte de la autoridad, no vaya a ser que se vuelvan a encontrar en Tepito bases de datos a la venta y a precios accesibles para algunos secuestradores y extorsionadores.César Damián Retes.
El diputado Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo, acusó a la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña de tirar el Padrón de Telefonía en 2022 y afirmó que fue el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el que obligó a vincular las líneas telefónicas con datos biométricos.
“Aquella ocasión hubo un dardo envenenado ahí del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, sin venir en la iniciativa de origen ni en el proyecto de la entonces Comisión de Seguridad, introdujo un dato biométrico. Fue el IFT y de ahí se agarraron todos para querer tumbar este registro, como lo hizo finalmente la Corte. Hoy no viene, hoy simplemente se quiere tener algún dato domiciliario de identificación del usuario porque la delincuencia organizada, los secuestradores, los extorsionadores utilizan todos estos sistemas de prepago para extorsionar o para secuestrar”, dijo.
¿Para qué servirá el Sistema Nacional de Investigación?
De acuerdo con la Ley, el objetivo del Sistema Nacional de Investigación será producir información en tiempo real para permitir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) interpretar la información y generar productos de inteligencia como mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como de incidencia delictiva, por localidades, municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias, de interés estratégico y transnacionales, para la toma oportuna de decisiones encaminadas a anticipar la actividad criminal y aportar elementos de prueba en las investigaciones correspondientes.
Los fines del mismo son interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privados, para fines de investigación de los delitos; integrar los medios, recursos de información y bases de datos que resulten pertinentes en materia de seguridad pública de los que dispongan entes públicos; y aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia en el combate del fenómeno delictivo.
Así también indica que corresponde al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las dependencias e instituciones del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en: registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros, registros fiscales, registros telefónicos, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de inmuebles, registros de prestadores de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenida y sentenciadas, y en todos aquellos casos donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones.
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