CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arranca el 2025 y en México entraron en vigor reformas a la Constitución que concretarán una nueva era en la estrategia de seguridad, ahora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Esto, luego de que el pasado 31 de diciembre se publicaran en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública, y el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna en materia de prisión preventiva oficiosa, mismas que este 1 de enero entraron en vigor.
Estas reformas se suman a la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), que se publicó en el DOF el pasado 30 de septiembre y entró en vigor el martes 1 de octubre, el mismo día de la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Estás reformas buscan fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México la cual se basa en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia; así como la coordinación con las entidades federativas.
Así, en el arranque mismo de 2025 nace una “supersecretaría” de seguridad que fortalece a su titular, Omar García Harfuch, al mismo tiempo entra en vigor una polémica ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, una figura criticada por contravenir los derechos humanos.
El primer antecedente: el pase de la GN a la Defensa
La reforma sobre el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), vigente desde el arranque mismo del sexenio, fue propuesta por el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador. Establece que este cuerpo de guardia civil pase a formar parte de la dependencia militar con el fin de ejecutar la estrategia de seguridad pública.
En ese contexto, la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Defensa.
Durante el último debate para la posterior aprobación de la reforma, Omar García Harfuch, quien era senador y días después sería designado por Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), argumentó que el pase de la GN a la Sedena era necesario para complementar la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Estas grandes instituciones serán un gran apoyo para las actividades de investigación y de inteligencia, que serán fortalecidas incluyendo la Guardia Nacional. No existe militarización alguna. La Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad.
“Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país”, explicó en ese momento.
La reforma fue aprobada en el Senado como Cámara Revisora el 25 de septiembre del 2024 y fue aprobada en al menos 17 congresos estatales.
La nueva SSPC: más poder
La reforma en materia de seguridad propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y que entró en vigor este miércoles otorga más facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dirigida por Omar García Harfuch.
Así, se pretende pretende optimizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. Por ello, establece que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas, además de auxiliar a la persona titular de la presidencia de la República.
La nueva normatividad también otorga a la dependencia facultades de más poderes para tener un papel central en la investigación, la prevención y la persecución de los delitos, en colaboración con las instituciones de procuración de justicia del país.
También establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Los recursos serán auditados y su debido ejercicio será vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
A diferencia de otras reformas que sólo han sido aprobadas por Morena y aliados, esta iniciativa contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y el Senado.
Catálogo ampliado
La reforma sobre prisión preventiva oficiosa, que también entró en vigor el primer día de 2025, también fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y establece nuevos delitos que se harán acreedores a esta medida cautelar, como extorsión y el uso de comprobantes fiscales falsos.
Se estableció como nuevo delito que amerite prisión preventiva oficiosamente los casos de producción ilegal, preparación, adquisición, exportación, enajenación, importación y transportación de drogas sintéticas como fentanilo y derivados.
Estos nuevos casos se añaden al catálogo de acciones que ya ameritaban prisión preventiva oficiosa como: homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros.
Durante la discusión de la reforma en el Congreso, la cual fue aprobada el 27 noviembre en el Senado como Cámara Revisora, los legisladores decidieron retirar de la prisión preventiva oficiosa en los casos de narcomenudeo y defraudación fiscal contemplados en el dictamen.
La prisión preventiva oficiosa ha sido fuertemente cuestionada tanto por organizaciones no gubernamentales como por la propia ONU al considerar que contraviene principios esenciales de derechos humanos.
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