La justicia avanza en Veracruz tras la imputación de 12 policías estatales acusados de desaparición forzada de personas, un delito que ha estremecido a la región por su brutalidad y alcance. La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas llevó a cabo las imputaciones dentro de dos procesos penales diferentes, donde las víctimas—cinco en total—permanecen bajo identidad resguardada.

¿Qué sucedió con las víctimas?

Los hechos se remontan al 22 de abril de 2021. Según los reportes, tres hombres que viajaban en una camioneta blanca fueron interceptados por policías estatales en la carretera de Ozuluama. La razón aparente: conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Detenidos alrededor de las 11:55 de la mañana, fueron trasladados a la base policial en Pueblo Viejo, conocida como «Almoloyita».

Esa noche, los policías habrían simulado su liberación a las 22:00 horas. Sin embargo, los tres hombres fueron reportados como desaparecidos poco después, y días más tarde, sus cuerpos fueron encontrados sin vida, detonando una investigación que ha sacudido las estructuras de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Dos procesos penales, 12 imputados

En el primer caso, se imputó a diez policías estatales, identificados como Martín de Jesús «N», Benjamín «N», Francisco «N», Sandra Anayeli «N», Alfredo Irán «N», Óscar «N», Luis Gerardo «N», Miguel Ángel «N», Adriana Yamilet «N» y Juan Daniel «N». El juez dictó prisión preventiva oficiosa en su contra dentro del proceso penal 110/2024, en relación con la desaparición forzada de dos víctimas.

En un segundo proceso, marcado con el número 356/2023, fueron imputados otros dos agentes, José Manuel «N» y José Rosalino «N». Estos policías enfrentan acusaciones por la desaparición y homicidio de los tres hombres mencionados.

Un patrón que inquieta

Este caso se suma a una serie de señalamientos que han puesto en tela de juicio las prácticas de cuerpos policiales en Veracruz. La desaparición forzada, que implica la privación ilegal de la libertad por parte de agentes estatales, apunta a un posible patrón de abuso de poder y encubrimiento.

Con los imputados en prisión preventiva, las investigaciones avanzan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Este proceso será clave para recuperar la confianza de la ciudadanía en las autoridades, en un estado donde la violencia y la impunidad se han convertido en desafíos recurrentes.

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