Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un panorama complicado para 2025, con recortes significativos en áreas clave para la procuración de justicia, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) presentado por la Secretaría de Hacienda.
Aunque el monto solicitado para la FGR asciende a 20 mil 125 millones de pesos, en términos reales representa una reducción del 0.20% respecto al año anterior, una medida que podría impactar la investigación de casos de corrupción, forense y criminalística en el país.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, encargada de investigar delitos como cohecho y desvío de recursos, recibiría un presupuesto de 227 millones de pesos, lo que representa una disminución del 2.20 por ciento en términos reales. A pesar de que el monto es el doble del asignado en 2020, este ajuste se da en un contexto donde la demanda de investigaciones anticorrupción sigue en aumento.
El ajuste presupuestal también afectaría a servicios forenses, un área crítica en un país que enfrenta una crisis de identificación de cuerpos. El Centro Federal Pericial Forense recibiría 1,398 millones de pesos, una reducción del 0.30 por ciento en términos reales. Además, la Unidad de Laboratorios Criminalísticos experimentará un recorte del 4 por ciento, quedándose con 115 millones de pesos.
Esta disminución se da en un escenario donde, según datos de la Secretaría de Gobernación, más de 52 mil cuerpos permanecen sin identificar en las morgues y fosas comunes del país, una problemática que evidenció Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, en 2022.
Otra área afectada sería la Agencia de Investigación Criminal, que tendría un recorte del 3 por ciento, quedando con 106 millones de pesos. Este organismo, fundamental para la investigación táctica y forense, fue creado en 2013 para sustentar científicamente las pesquisas de la FGR.
En contraste, algunas divisiones recibirían incrementos. La Policía Ministerial, por ejemplo, vería un aumento del 4.30 por ciento en términos reales, alcanzando los 3,558 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada también recibiría un ajuste al alza del 1 por ciento, llegando a 650 millones.
El incremento más significativo sería para el Centro Federal de Investigación Criminal, que pasaría de 344 a 527 millones de pesos, un aumento del 47 por ciento en términos reales. Este centro es clave para desarrollar estrategias contra el crimen organizado y delitos de alto impacto.
El recorte a la FGR se inscribe en un proyecto presupuestal más amplio que plantea ajustes en sectores críticos como salud, seguridad, derechos humanos y educación. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública sufrirá una reducción del 36 por ciento, y la Secretaría de Salud enfrentará un recorte de 34 mil millones de pesos respecto a 2024.
En el ámbito de derechos humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) también verán disminuciones presupuestales, a pesar del incremento de personas desaparecidas y la llegada de migrantes al país.
La propuesta de recortar recursos en áreas esenciales de la FGR ha generado preocupación entre expertos y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de una menor capacidad para investigar delitos graves. Los legisladores tienen hasta finales de año para analizar y aprobar el proyecto, aunque el gobierno federal ha señalado que priorizará el gasto en programas sociales e infraestructura, como trenes de pasajeros y carga.
Este primer presupuesto del gobierno de Claudia Sheinbaum muestra un enfoque en la austeridad, pero plantea interrogantes sobre el impacto en la capacidad institucional de la FGR para atender sus responsabilidades en un país con altos índices de criminalidad y una crisis forense sin precedentes.
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