Vecinos de Xalapa acudieron a las oficinas generales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar aparentes anomalías o actos de corrupción cometidas, según ellos, por elementos de Seguridad Pública y ministeriales en beneficio de empresas de grúas.

Denuncian presunta corrupción en beneficio de empresas de grúas, ¿cuáles son algunos casos?

Los agraviados se presentaron durante la mañana de hoy a las oficinas de ese organismo de procuración de justicia en compañía de abogados de la asociación civil Resistencia Ciudadana Xalapeños y confían en que se proceda a favor de ellos.

Los afectados expusieron dos casos, entrevistados ante la FGE; el primero corresponde al de Fernando Gómez Fernández, quien a pesar de haber sufrido el robo de una camioneta tuvo que pagar más de 10 mil pesos para poder recuperarla.

Su vehículo fue recuperado en 24 horas y aunque la FGE giró un oficio entre su personal para que la unidad fuera depositada en un corralón oficial, finalmente fue enviado a uno particular, en donde permaneció un mes.

«El robo ocurrió el 29 de septiembre, afuera del hotel Xalapa; fue un sábado y para el domingo ya estaba recuperada por la Policía Municipal en la colonia El Moral», sostiene.

«Entonces, como yo ya tenía una denuncia por el robo, la camioneta fue remitida al corralón de grúas M2, además de que los procedimientos de la Fiscalía que me pidieron fueron muy tardados, muy tediosos y me llevaron vuelta, tras vuelta, tras vuelta», agrega.

En el documento de la recuperación del vehículo «claramente en la parte de hasta abajo decía que tenía que ser remitido al corralón de la Fiscalía para no ser afectada mi economía», agrega.

Sin embargo, según él, le argumentaron que los corralones de la FGE estaban llenos y que de plano enviaron su camioneta a un corralón particular.

«Pedí que la dejarán afuera de mi casa, con sellos u otras medidas de seguridad en lo que se me entregaba, pero no quisieron».

Para realizar el trámite y solicitar la entrega de la camioneta, tuvo que llevar una serie de documentos a la Dirección General de los Servicios Periciales, en donde, agrega, también tardaron en darle respuesta «porque a algunos papeles les faltaban firmas».

«La última firma que faltaba era la de un fiscal regional y me dijeron que podría tardar tres o cuatro días más, por lo que decidí esperar a que ese servidor llegara y me atendiera; al final me entregaron el oficio de liberación», señala.

Sin embargo, al llegar al corralón y pedir la entrega de su camioneta le cobraron 10 mil 600 pesos; «es algo que no lo tienes y tienes que pedir prestado para sacar el vehículo».

«Además de que sufrí un robo, también tuve que pagar, por lo que es necesario que en casos como este la Fiscalía ordene la condonación del pago de grúas o que ella se haga cargo», manifiesta.

Decomisaron moto a repartidor

El otro caso corresponde al de un joven de 20 años que labora como repartidor en motocicleta.

Su mamá señala que el 14 de octubre, alrededor de las 4 de la madrugada, la Policía Estatal lo interceptó en la avenida Américas supuestamente por manejar sin luces.

«Lo detiene la policía con el pretexto de que cometió una falta administrativa, pero pues no sabían ni qué cosa argumentar a la hora de que lo detienen», manifiesta.

«Le empiezan a decir que cometió una falta administrativa, que no tenía luces, etcétera y le empiezan a dar miles de pretextos para detenerlo y a lo último le dicen que tenía aliento alcohólico», señala la mamá del joven.

Posteriormente, según ella, la policía arrestó a su hijo y se comunicó con personal de las grúas MG para que decomisaran la motocicleta.

«A mi hijo lo detuvieron, no le leyeron sus derechos y se lo llevaron a San José (al cuartel) para que allá le hicieran la prueba del alcohol».

Además, asegura que a su hijo no le pudieron comprobar ni siquiera que llevara aliento alcohólico y que a pesar de ello tuvo que pagar 300 pesos en el cuartel para que lo liberaran.

«Ese mismo día nos dirigimos para el corralón y estaban cobrando 4 mil 900, dinero que no tenía y que tuve que conseguir prestado».

Sin embargo, al día siguiente, agrega, el costo del corralón ya era de 5 mil 100 pesos y que tuvimos que pagar para sacar la moto, pues es la principal herramienta de trabajo de su hijo.

Finalmente, al considerar que el joven fue arrestado, según ella, son motivo alguno, también acudió hoy a las oficinas centrales de la FGE para proceder en contra de los preventivos que lo detuvieron y que pidieron el servicio de grúas para decomisar la motocicleta.

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