El robo de combustibles, conocido como «huachicol», a manos principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtió a Veracruz en una de las entidades más afectadas en el pasado sexenio. El robo de hidrocarburos ha sido detectado en por lo menos 24 entidades.
Una red compleja de actores detrás del huachicol
El «huachicoleo» en Veracruz es mucho más que simples perforaciones en ductos. El delito involucra una extensa red de actores. Desde empleados corruptos de Pemex que facilitan información, hasta delincuentes organizados que extraen, almacenan y distribuyen el combustible robado.
Incluso, la participación de la población local en varias zonas es evidente, pues los huachicoleros ofrecen beneficios y ayudas sociales para ganar el apoyo de las comunidades.
Según informes oficiales, la administración de Andrés Manuel López Obrador concluyó el 30 de septiembre con un total de 72,337 tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país.
En promedio, cada día se registran 35 nuevas perforaciones ilegales.
El delito, que no solo afecta a la industria petrolera, tiene profundas raíces en varias regiones del país, donde se ha desarrollado una cultura alrededor del «huachicoleo».
Veracruz se posicionó entre las entidades con mayor incidencia de tomas clandestinas, con 4,110 perforaciones registradas.
A nivel nacional, Hidalgo encabeza la lista con 24,710 tomas, seguido por el Estado de México y Puebla, con 8,919 y 8,636 respectivamente.
Guanajuato (3,992) y Querétaro (1,833), además de Baja California (1,787), y Tabasco (1,764).
Entre 2020 y 2021, se instalaron anualmente alrededor de 11,000 tomas clandestinas, pero esta cifra aumentó a 13,946 en 2022 y 14,890 en 2023.
Hasta agosto de 2024, ya se contabilizaban más de 8,000 piquetes.
El narcotráfico en México ha diversificado sus operaciones, y el robo de combustibles se ha convertido en una fuente clave de ingresos para varios cárteles en Veracruz y varios estados.
Según el último informe de la Administración de Drogas (DEA), al menos nueve organizaciones del narcotráfico, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, están involucradas en esta actividad ilegal.
La violencia y la corrupción que acompañan a estos grupos han dificultado la labor de las autoridades para frenar el problema.
Pemex ha presentado 32,323 denuncias penales relacionadas con el robo de combustibles, pero estas acciones legales solo cubren una parte del problema. La cadena delictiva que incluye la transportación, almacenamiento, distribución y venta del combustible robado sigue siendo una tarea pendiente para las autoridades.
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