El general Francisco Jesús Leana Ojeda fue relevado del cargo como comandante de la Tercera Región Militar, correspondiente a los estados de Durango y Sinaloa, y a partir de este fin de semana el mando ha sido tomado por el general de brigada Guillermo Briseño Lobera.
Hay que recordar que Leana Ojeda se volvió tendencia luego de que el domingo 16 de septiembre declarara ante los medios de comunicación que la tranquilidad en el estado dependía de que los grupos del crimen organizado dejaran de enfrentarse.
“Queremos que sea lo más rápido posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos dejen de hacer confrontación entre ellos y que estén dejando a la sociedad en paz”, indicó el mando militar sobre los hechos violentos en Sinaloa.
La polémica declaración le generó críticas a nivel nacional al militar, debido a que se trataba de un estado sumido en enfrentamientos entre grupos rivales del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “Los Mayitos“, que se han disputado el territorio desde el pasado 9 de septiembre.
El cambio de mando se dio durante la mesa de seguridad en las instalaciones de la Tercera Región Militar en Mazatlán, a donde acudió el gobernador Rubén Rocha Moya, así como Norberto Cortés Rodríguez en representación de la Sedena y Héctor Eduardo Vela Valenzuela, secretario general de gobierno de Durango.
Las autoridades de de Sinaloa han registrado al menos 155 asesinatos en el último mes en el marco de una oleada de violencia que ha ido a la par de un aumento de los actos de secuestro y despojo de vehículos, especialmente en los municipios de Culiacán, Concordia, Elota y San Ignacio.
En esta cifra no están incluidas las probables víctimas de un enfrentamiento entre el Ejército y un grupo de civiles armados en los poblados de El Batel y Potrerillo, en Concordia, donde llegó a actuar un helicóptero militar tras una emboscada contra un grupo armado.
Sobre los hechos violentos de las últimas semanas, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa ha notificado hasta 238 denuncias por despojos violentos de vehículos y 171 por la privación de la libertad de personas, entre las que hay funcionarios a nivel municipal y estatal.
A ello hay que agregar las acusaciones contra el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado de tener presuntos nexos con el crimen organizado. Incluso se ha dicho que su hijo y un funcionario de su gobierno son los enlaces con la delincuencia.
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