Entre críticas de la oposición por la violencia que ha provocado el desplazamiento de comunidades indígenas, la Cámara de Diputados avaló una reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios.

El pleno avaló la reforma con unanimidad de 483 votos, por lo que se modifica el Artículo 2 de la Constitución para establecer que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y reconoce la propiedad intelectual colectiva de su patrimonio cultural, material e inmaterial.

Dicho dictamen fue turnado al Senado de la República, y establece el derecho de las personas indígenas a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que les afecten y plantea que cuando una persona física o moral obtenga lucro de ellas, deberá otorgar un beneficio justo y equitativo.

El texto nuevo añade que los pueblos y las comunidades serán los únicos legitimados para impugnar el incumplimiento de este derecho y detalla que entre las obligaciones de la autoridad se encuentran fomentar los cultivos tradicionales, las semillas nativas y el óptimo uso de la tierra, libre de eso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.

La mayoría legislativa desechó una a una las 167 reservas que presentaron los diferentes grupos parlamentarios.

En la discusión, los diputados de oposición advirtieron que aunque acompañan la reforma, ésta se encuentra incompleta, pues no atiende temas que hoy afectan a las comunidades indígenas, como los desplazamientos forzados, producto de la violencia del crimen organizado.

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