Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, adelantó este miércoles que nada detendrá el proceso de reforma, por lo que es previsible que esta suspensión sea ignorada.
La jueza Quinta de Distrito en Morelos, Martha Magaña López, concedió una suspensión definitiva con la que pretende impedir que se concrete la aprobación de la reforma judicial, que ya fue avalada en la Cámara de Diputados y pasó el Senado de la República.
La jueza federal de Cuernavaca concedió la suspensión en el mismo amparo en el que, el pasado sábado, había otorgado una medida provisional en la que prohibía a los diputados discutir el dictamen.
Sin embargo, los diputados federales se negaron a acatar la orden, por lo que ahora, el efecto de la suspensión es que la minuta no sea discutida en el Senado, ni enviada a las legislaturas de los Estados para completar el proceso de reforma constitucional.
La resolución emitida indica que «(el dictamen) no podrá ser considerado y menos aprobado por la nueva legislatura y, deberán abstenerse de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para su aprobación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo».
Agrega que «en el momento que se encuentra el proceso legislativo, esto es ante el proyecto de iniciativa de reforma constitucional que será votado en la Cámara de Senadores para posterior a ello ser avalado en las legislaturas locales, es factible suspender el acto reclamado para analizarlo, a la luz de las inconformidades de los quejosos, al no haberse materializado».
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, adelantó este miércoles que nada detendrá el proceso de reforma, por lo que es previsible que esta suspensión sea ignorada, como otras resoluciones judiciales de los últimos años que el Congreso no ha cumplido, entre ellas varias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Senado anunció que discutirá el dictamen en comisiones el domingo, con la idea de pasarlo a Pleno a mediados de la semana.
Cabe señalar que ante la violación a una suspensión, los jueces sólo pueden denunciar el probable delito de abuso de autoridad ante la FGR, que en los últimos años ha recibido varias querellas de ese tipo contra altos funcionarios del gobierno, sin embargo no ha actuado contra ninguno.
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