Con relación al dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) expresa su preocupación y solicita un espacio de diálogo y comunicación con el Congreso de la Unión sobre este asunto central para la garantía de los derechos sociales de los mexicanos.

La plena vigencia de los derechos sociales es el gran reto actual del Estado mexicano. Desde hace 19 años, con la creación del CONEVAL, el país cuenta con un diagnóstico sobre el estado del desarrollo social del país, valoraciones rigurosas y confiables sobre los avances y retrocesos en los derechos sociales, mapas de ruta para la mejora de la política social y el bien público de contar con evidencia robusta para el combate a la pobreza y la defensa de los derechos sociales.

Para tal fin, la Ley General de Desarrollo Social concibió un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con un modelo único de gobernanza, integrado por un cuerpo colegiado de académicos y un Secretario Ejecutivo. Los investigadores académicos son seleccionados por la Comisión Nacional de Desarrollo Social y el Secretario Ejecutivo por el Ejecutivo Federal, lo que asegura la independencia técnica y el rigor metodológico del Consejo.

Este modelo único de gobernanza asegura al mismo tiempo un diálogo y retroalimentación constante con la propia APF, para que la evaluación sea pertinente, relevante y se pueda mejorar la planeación, ejecución y el desempeño de la política social, y la independencia técnica necesaria para asegurar la calidad y credibilidad de los análisis, las evaluaciones, las métricas y las recomendaciones de mejora que el CONEVAL ha generado a lo largo de casi dos décadas.

La propuesta de reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales porque no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas de las del INEGI.

El CONEVAL tiene la misión de promover la garantía de los derechos sociales y el combate a la pobreza mediante la realización de tres tipos distintos de funciones especializadas:

1) La generación de metodologías, marcos conceptuales y procesos funcionales necesarios para la realización de la medición multidimensional de la pobreza y la conceptualización de indicadores específicos de un Sistema de Información de Derechos Sociales para el país, que se incorporan a sistemas de indicadores especializados únicos en su tipo;

2) La construcción de metodologías y lineamientos para normar, promover y realizar evaluaciones externas de calidad técnica y relevancia práctica, en estrecha colaboración con la APF.

3) El monitoreo de los programas sociales y la vinculación con entidades federativas y municipios para la formación de capacidades que consoliden un Sistema de Monitoreo y Evaluación nacional, a través de la promoción de la cultura de la evaluación en la administración pública.

El CONEVAL no tiene duplicidad de funciones con el INEGI, un órgano autónomo constitucional que levanta información estadística de gran calidad, pero no realiza análisis ni cuenta con las capacidades ni el modelo de gobernanza necesarios para realizar las funciones diferenciadas y especializadas del Consejo. Fusionar ambas instituciones significaría la pérdida de un modelo de evaluación y monitoreo que se ha construido en 20 años y que ha sido reconocido nacional e internacionalmente. La evaluación y monitoreo de los programas y las políticas sociales están completamente ausentes del mandato y experiencia de INEGI.

En el caso concreto de la medición multidimensional de la pobreza, es importante destacar que la separación de funciones entre el órgano que levanta la información del ingreso, el gasto y el acceso a derechos sociales de los hogares (INEGI) y el que diseña y actualiza la metodología para la medición multidimensional de la pobreza y garantiza su replicabilidad y transparencia (CONEVAL), es un atributo inseparable de la confiabilidad y credibilidad de la medición multidimensional de la pobreza.

La iniciativa de reforma administrativa persigue objetivos de austeridad, la eliminación de duplicidad de funciones y la devolución o reintegración de funciones a la APF. El CONEVAL no cae en ninguno de los supuestos del dictamen aprobado el 23 de agosto:

1) De acuerdo con el marco jurídico vigente, el CONEVAL no es un órgano constitucional autónomo, es un órgano descentralizado con autonomía técnica y de gestión1 y trabaja en estrecha colaboración con la APF. Paradójicamente, la reforma supondría avanzar en sentido opuesto de sus objetivos expresos, aumentando la desvinculación y la fragmentación de la administración pública, puesto que implica transferir las funciones especializadas del CONEVAL a un órgano constitucional autónomo como el INEGI.

2) Desde el 2019, el CONEVAL se ha apegado a los principios de la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por la presente administración y es quizá el organismo público más costo-efectivo del país, ya que su presupuesto equivale a 90 pesos por cada millón de pesos de gasto social, además que los diagnósticos, informes y análisis que realiza el Consejo contribuyen directamente a que el presupuesto del gasto social sea ejercido de manera eficiente y eficaz, lo que permite que se mejore su desempeño y consecuentemente, sus resultados.

La próxima administración federal tiene como uno de sus objetivos prioritarios la reducción de las desigualdades y eliminar la pobreza extrema del país. EL CONEVAL está listo para asegurar que los equipos de transición y todos los actores involucrados en el proceso de planeación nacional y diseño de la política social de la nueva administración cuenten con los diagnósticos, los datos, las recomendaciones y herramientas necesarias para lograr los objetivos sociales del Estado.

En esta coyuntura, el Consejo no ha dejado de aportar elementos cruciales para el aprendizaje y la mejora de las acciones de la presente administración y de señalar la necesidad de priorizar acciones para garantizar los derechos sociales de las y los mexicanos. El CONEVAL reitera su compromiso y disposición al diálogo constructivo y solicita a las y los legisladores del Congreso de la Unión, que se abra un espacio para la comunicación y retroalimentación de ideas, antes de avanzar en la discusión de esta reforma legislativa, para fortalecer el ejercicio de los derechos sociales en nuestro país. ¡Lo que se mide se puede mejorar!

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