El Consejo de Empresas Globales expresó su preocupación por la reforma judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues considera que México puede perder certeza jurídica y oportunidades de inversión.
“Nos preocupa que la reforma pueda vulnerar el Estado de Derecho y la administración de justicia en México”, declaró en un comunicado el organismo que representa a 63 firmas multinacionales en el país y que generan el 10 por ciento del PIB.
“Compartimos el interés de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en consolidar un Poder Judicial más eficiente y transparente, que facilite el acceso a la justicia para todos los mexicanos, garantice la seguridad jurídica, proteja el Estado de Derecho y consolide la separación de poderes”, señaló el órgano dirigido por Manuel Bravo.
El proyecto de reforma judicial contiene aspectos críticos que deben ser ajustados para asegurar la certeza jurídica y evitar que se desincentiven las inversiones, especialmente ante el creciente fenómeno de relocalización de cadenas productivas, manifestó.
El consejo hizo un llamado al presidente y a los integrantes del Congreso para que en las discusiones se garantice la independencia judicial en beneficio de la certeza jurídica y la protección a las inversiones.
“Las Empresas Globales buscamos que la economía de México siga creciendo y aproveche la oportunidad única e histórica que tiene frente a sí con el fenómeno de relocalización de cadenas productivas”, agregó.
La organización representa el 40 por ciento de la inversión extranjera directa y entre sus miembros se encuentran Walmart México y Centroamérica, American Express, AT&T, Danone, General Motors, Microsoft, Santander y Shell.
El conglomerado empresarial realizó un llamado para que la reforma judicial respete algunos principios que considera fundamentales.
Primero la independencia de la judicatura, para que los jueces resuelvan asuntos con imparcialidad y sin intromisiones indebidas.
En segundo lugar, el establecimiento de procesos imparciales y equitativos de selección y nombramiento, para que quienes ocupen cargos judiciales sean personas íntegras e idóneas.
En tercer lugar, el respeto a las condiciones de servicio e inamovilidad de los jueces, que garanticen su independencia y derechos.
En cuarto lugar, que no se limiten constitucionalmente los efectos de las resoluciones y sentencias dictadas en amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como en la suspensión.
En quinto, un periodo de implementación razonable que salvaguarde la impartición de justicia y el Estado de Derecho.
Y en sexto lugar, directrices claras a las entidades federativas sobre el procedimiento de reglamentación de la reforma en el fuero local, evitando así interpretaciones divergentes que puedan comprometer la impartición de justicia.
Dijo que la reforma judicial no debe incumplir con las obligaciones previstas en tratados comerciales internacionales suscritos por México.
“El país ha asumido compromisos que le obligan a asegurar un entorno estable y predecible para la inversión, con tribunales imparciales e independientes, procedimientos justos, equitativos y transparentes que eviten costos y demoras irrazonables”, expuso.
“La falta de capacidad de los inversionistas para obtener un recurso justo y predecible en el sistema judicial mexicano minaría, entre otras cosas, las conversaciones trilaterales que ya están en curso sobre el TMEC en 2026, además de otros convenios internacionales como los
tratados con países europeos, el Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico y Tratado de Libre Comercio con Centroamérica”, apuntó.
El consejo confió en que Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y los miembros del Congreso tomarán las decisiones más acertadas que le permitan al país seguir creciendo, y aprovechar la “oportunidad única e histórica que tiene frente a sí con el fenómeno de relocalización de cadenas productivas”.
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