El estado de Veracruz es el segundo a nivel nacional con mayor número de fosas clandestinas hallada en el país con 548, reveló la actualización de la plataforma ciudadana de fosas clandestinas.
En el análisis, realizado por Data Cívica y Artículo 19 se advierte que de 2006 a junio de 2023 los municipios veracruzanos con más hallazgos de fosas clandestinas son Veracruz con 100, Úrsulo Galván con 73, Córdoba con 28, Tihuatlán con 23 y Alvarado con 7.
A nivel nacional la entidad veracruzana solo es superada por Sonora en cuanto a número de fosas clandestinas, pues esa entidad suma 750.
Además, el estado de Veracruz es el tercer lugar nacional en cuanto a cuerpos exhumados, con 546 en el periodo que se indica. Por arriba de la entidad solo aparece Jalisco con mil 269 y Sonora con 655.
documento advierte que las fiscalías estatales reportan más fosas clandestinas, con una diferencia de mil 934 fosas en comparación con las fuentes abiertas y de 3 mil 978 con la Fiscalía General de la República (FGR).
Según las fiscalías locales, de 2006 a junio de 2023 existen un total de 4 mil 565 fosas clandestinas, 6 mil 253 cuerpos de personas y 4 mil 662 fragmentos reportados.
Por su parte la Fiscalía General de la República reporta 587 fosas clandestinas, mil 705 cuerpos de personas y un número indefinido de fragmentos y restos reportados.
En contraste con las notas de prensa entre 2006 a 2022 se reportan un total de 2 mil 631 fosas clandestinas con 6 mil 524 cuerpos de personas y 49 mil 597 restos de personas reportados por notas de prensa.
Advierten que los hallazgos de estas fosas refleja el grado de descomposición social y deshumanización alcanzado como producto de una política de drogas punitiva y no preventiva.
Así como el uso de la fuerza militar y un sistema de procuración de justicia incapaz de investigar y perseguir eficazmente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
Cabe destacar que esta herramienta surge en un contexto con más de 52 mil cuerpos sin identificar y más de 116 mil personas desaparecidas en México, cifra que deja la actual administración a cargo de Andrés Manuel López Obrador.
Y señalan que más allá que en su gobierno se fortaleciera el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), se desmanteló el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH); aún no se cuenta con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), además de implementar una política que no garantizó el acceso a la información y registros básicos para entender y enfrentar la crisis de violaciones graves a derechos humanos y en particular la relacionada con personas desaparecidas.
“Nos referimos a la política de reducción de la cifra de personas desaparecidas y borrado personas en esa calidad a través de un Censo impulsado por el ejecutivo, sin metodología, ni transparencia con el fin de recortar el existente Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO)”, advierten.
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