Xalapa, Ver.- La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, respondió a los señalamientos del diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni Magaña, sobre las denuncias por daño patrimonial de la Cuenta Pública 2021.
A poco más de un año de la publicación de la última cuenta pública de gobiernos del período 2017-2021, el Orfis interpuso siete denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de funcionarios de cinco administraciones municipales por presunto daño patrimonial.
“Las denuncias se presentaron en el tiempo en el que terminamos el trabajo de investigación. Una vez que detectamos que hubo un hecho que podría ser constitutivo de delito, nosotros hicimos la presentación de las denuncias correspondientes…
No tenemos un impedimento legal para restringir la actividad normal con la que desarrollamos nuestro trabajo y, por esa razón, presentamos las denuncias en tiempo”, dijo la auditora general.
Delia González Cobos descartó que las denuncias – interpuestas en plena veda electoral, según el diputado local Rafael Fararoni Magaña – se hayan ejercido como una especie de presión política en contra de los exalcaldes del período 2017-2021.
Entre estos exediles se encuentra el exalcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez. Rafael Fararoni reprochó que el Orfis haya mantenido estancada la investigación contra el gobierno municipal del panista durante tres años.
“Es frustrante para los veracruzanos que es una observación de 2021, que se revisó en 2022, se tuvo todo 2023, 2024, para llamar a aclarar el tema, para que el exalcalde compareciera, si podía aclarar, que aclarara y si no, que tuviera las sanciones correspondientes y que lleguemos hasta 2024, en periodo electoral, a que no exista algún avance”, declaró Fararoni Magaña a medios de comunicación.
En entrevista con e-consulta Veracruz, la auditora general del Orfis rechazó que hayan pasado tres años sin resultados y aseguró que las investigaciones por presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2021 se retomaron hasta que fue aprobada y publicada por diputados locales en febrero de 2023.
“Hay que considerar que la Cuenta Pública 2021 fue aprobada por el Congreso del Estado el año pasado, en 2023, y que se publicó hasta finales de febrero de 2023, o sea, nosotros podemos iniciar nuestro trabajo de investigación a partir de la fecha en que es oficial que eso ocurrió, el 28 de febrero del año pasado.
En realidad los tiempos para nosotros están perfectamente marcados en ley y la disposición que nos ordena que hagamos las investigaciones y atendamos esos temas pendientes de todos los municipios que no acreditaron en su momento con los documentos, que no atendieron la solventación debidamente…
Todos esos casos son atendidos por el congreso cuando aprueba la cuenta pública; entonces teníamos que aprobar hasta que la cuenta pública se aprobara y se aprobó apenas el año pasado, iniciando el año, y se publicó hasta el 28 de febrero, de manera que no podíamos hacerlo antes”, argumentó.
Las administraciones denunciadas
De acuerdo con Delia González Cobos, el presunto daño patrimonial total de la Cuenta Pública 2021 corresponde a un monto de 95 millones 500 mil pesos. Las cinco administraciones denunciadas ante la fiscalía son:
1. Zongolica – Juan Carlos Mezhua Campos (PRD) 2. Alvarado – Bogar Ruiz Rosas (PVEM) 3. Veracruz – Fernando Yunes Márquez (PAN) 4. San Andrés Tuxtla – Octavio Pérez Garay (Independiente) 5. Juchique de Ferrer – Lizbeth Emilia Portilla Gumecindo (PRD)
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