A pesar de que la problemática de las desapariciones continúa sin freno, la política del gobierno es borrar del registro de personas desaparecidas a las víctimas, e incluso hacerlo «de la vida de sus familiares».

Esto señalaron integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) durante un mitin en el parque Apolinar Castillo de Orizaba.

Destacaron que, con estas acciones, el gobierno niega el derecho de las víctimas, sus familiares y comunidad internacional a la verdad y justicia, a la reparación integral del daño y a la creación de mecanismos de no repetición.

Señalaron que en el marco de la conclusión de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, se exige la presentación con vida, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen de la desaparición forzada, demanda popular que se mantiene vigente y que se enarbola por la continuidad de estos crímenes.

«Mientras no se conozca la verdad de los hechos, la condición actual de las víctimas, se enjuicie y castigue a los responsables materiales e intelectuales, el pueblo tiene el derecho para mantenerse en las calles para exigir alto a la impunidad», remarcaron.

Los integrantes del FNLS destacaron que ese crimen «lastima, ofende y denigra la esencia humana» al no haber castigo para los responsables y desconocerse la verdad, sobre todo porque no se repara el daño ni se erradica ese delito.

Destacaron que todo hombre y mujer que sea víctima de desaparición tiene el derecho a ser buscado bajo la presunción de vida, pero la realidad es que no se hace y son los propios familiares quienes se organizan ante lo que consideran la inacción de las autoridades.

Lamentaron que, a punto de concluir este sexenio, no haya habido congruencia entre lo que fue un tema en el discurso de la administración actual, pero no está en su agenda para resolverlo o procurar justicia para las víctimas.

Agregaron que los casos de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como Fidencio Gómez Sántiz son ejemplo de «la maraña» burocrática y dilación a la que son sometidos los familiares para negarles el acceso a la justicia.

Por ello, a dos años de emitirse una resolución por la máxima instancia de procuración de justicia para el caso de desaparición de Gabriel y Edmundo, el Estado mantienen en la impunidad a los autores materiales e intelectuales de la desaparición, simulando avances en el caso.

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