El 1° de abril de 2024, las colectivas «Unidas por amor a nuestros desaparecidos» y «Buscando nos encontramos Córdoba» presentaron un juicio de amparo (amparo 240/2024) ante el Juzgado Primero de Distrito contra la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ambas con sede en la Ciudad de México.
La decisión del Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, instruye a las autoridades responsables a utilizar todos los recursos económicos y materiales disponibles para facilitar a los colectivos la posibilidad de llevar a cabo las labores de búsqueda y localización. Además, se ordena que se proporcione seguridad pública necesaria para las madres buscadoras y los colectivos, con la advertencia de que esta protección no debe ser evidente debido a las amenazas de la delincuencia organizada.
Olga Lidia Salazar Hernández, madre de Marion Ivette Sampayo, también inició un amparo el 12 de febrero de 2024 contra diversas omisiones de la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal admitió este amparo el 21 de febrero de 2024, asignándole el número 68/2024. En una denuncia pública el lunes 22 de abril, Olga Lidia Salazar también mencionó un presunto «bloqueo» por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda y una revictimización.
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