Luego de que un grupo de policías ecuatorianos irrumpiera la noche del viernes en la embajada de México en Quito y capturara al exvicepresidente Ecuador entre 2013 y 2018 Jorge Glas.

Tras el asalto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó la suspensión de las relaciones diplomáticas con Ecuador.

“Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México”, aseguró el mandatario mexicano.

El embajador encargado de México en Ecuador, Roberto Canseco, se hallaba en la sede diplomática cuando comenzó el operativo policial y confrontó a los agentes.

“A riesgo de mi vida defendí el honor y soberanía de mi país. Esto no puede ser, es increíble que haya sucedido algo así”, aseguró a los medios.

“Estoy muy preocupado porque puedan matarlo (a Jorge Glas). No hay ningún fundamento para hacer esto. Estábamos por salir y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada”, añadió.

Según la canciller mexicana, Alicia Bárcena, varios trabajadores de la embajada fueron agredidos en el incidente.

Un comunicado de la presidencia de Ecuador confirmó la detención de Glas y precisó que el exvicepresidente había sido «puesto a las órdenes de las autoridades competentes».

Además, el texto oficial acusó a la embajada mexicana de haber «abusado de las inmunidades y privilegios» y denunció que el asilo diplomático concedido a Glas era «contrario al marco jurídico convencional».

«Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad», asegura el comunicado.

El asalto a la embajada de México en Quito ocurrió horas después de que el gobierno de López Obrador informara que le había concedido asilo político a Jorge Glas.

«El derecho de asilo es sagrado y estamos actuando en congruencia plena con las convenciones internacionales», escribió la canciller Alicia Bárcena en la red social X.

«Otorgando asilo a Jorge Glas confío en que el gobierno de Ecuador disponga del salvoconducto cuanto antes».

Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Noboa rechazó entregar el salvoconducto para que el exvicepresidente pudiera viajar a México, y horas después se produjo el incidente en la sede diplomática en Quito.

En declaraciones a la prensa horas después de lo ocurrido, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, declaró que la decisión de realizar el operativo la tomó el presidente Daniel Noboa «ante el riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia».

Los hechos despertaron una reacción unánime de rechazo por parte de los gobiernos de la región y organizaciones internacionales.

Varios mandatarios expresaron que se trata de una violación de los instrumentos internacionales que regulan las relaciones diplomáticas y el derecho al asilo.

Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, escribió en su cuenta en X que el asalto a la embajada de México «con el objetivo de secuestrar» a Glas «constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo”.

Castro repudió lo que considera como una «violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional”.

El gobierno de Nicaragua rompió este sábado sus relaciones diplomáticas con Ecuador en solidaridad con México ante los hechos que calificó como «insólitos y repudiables».

Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa afirmó que: “Lo que ha hecho el gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana”.

“Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la Patria con una de sus haciendas bananeras”, añadió en la red social X.

También responsabilizó a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y psicológica de Glas.

El excandidata presidencial afín a Correa, Luisa González, pidió la renuncia de Noboa por los hechos, y la bancada de su partido (la más numerosa de la Asamblea) se declaró en oposición al gobierno.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó lo sucedido como «inaceptable» y «una vergüenza mundial».

Pero el gobierno de Ecuador asegura que defiende la soberanía nacional sin permitir que nadie intervenga en los asuntos internos del país.