Xalapa, Ver.-Dos jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ordenaron al Poder Judicial del Estado de Veracruz que extienda las investigaciones en contra de los servidores públicos denunciados por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal, tras negarse a pagar laudos laborales a favor de 75 trabajadores despedidos de manera injustificada.
En conferencia de prensa los abogados Juan José Llanes Gil Del Ángel; Alan Cervantes Domingo; Gerardo Rafael Aguilar Sosa y la abogada Laura Mónica Sainz Ramírez informaron que en el 2023 interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal en contra de diversos servidores, pero la autoridad determinó que no había delito que perseguir.
El abogado Juan José Llanes Gil del Ángel refirió que hay una denuncia penal en contra de las secretarías de Gobierno, Educación, Salud y diversos ayuntamientos por el delito de incumplimiento de un deber legal, pues se niegan a pagar laudos laborales a favor de trabajadores despedidos de manera injustificada.
Por lo anterior, los abogados llevaron el caso ante jueces de Control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), los cuales convalidaron la decisión de la FGE.
En consecuencia, los abogados laborales acudieron ante los Jueces Federales para solicitar dos amparos indirectos a fin de proteger a las víctimas, en este caso los empleados despedidos.
“Al menos dos jueces de Distrito de Veracruz nos dieron la razón, los jueces federales consideran que es despropósito del Poder Judicial del Estado, por parte de la Fiscalía, el considerar que no se configuran delitos y ordenan reabrir, extender las investigaciones. Esto es que si los servidores públicos confiaban que no importa que se les denuncie porque asumen que hay un blindaje para ellos, ese blindaje se empieza descascarar”, dijo.
Refirieron que son 75 exempleados despedidos desde las administraciones de los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, de Miguel Ángel Yunes Linares, e incluso de Cuitláhuac García Jiménez.
Refirió que han solicitado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado que obligue a las secretarías del gobierno del estado a cumplir las sentencias entre estas a la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que es la encargada de administrar los recursos públicos y han decidido no pagar.
Aunque el congreso local autorizó el recurso de 2 mil millones de pesos en el rubro de indemnizaciones como parte del ejercicio presupuestal las autoridades se niegan a hacerlo efectivo, señalaron abogados laborales.
Explicó que en el caso de los ayuntamientos, las autoridades cuentan con la partida presupuestal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) que en sus reglas de aplicación está el saneamiento financiero de las entidades públicas, y en este caso el Tribunal ha sugerido que ocupen ese dinero en el pago de sus pasivos.
“Sin embargo, los ayuntamientos tienen un rango de autonomía y ellos pueden decidir si lo aplican o no lo hacen” aclaró.
En el caso del gobierno del estado, dijo Llanes Gil, en el diseño de presupuesto del año 2024 que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado (GOC) hay un rubro autorizado llamado indemnizaciones o pagos de laudos de 2 mil millones de pesos, pero aun así no pagan.
Ante esta negativa del gobierno del estado, los abogados solicitaron un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que paguen los laudos, y los jueces ordenaron al Poder Judicial del Estado de Veracruz que continué el proceso en atención a los trabajadores despedidos.
Detalló que son los amparos indirectos 1040/2023 del Juzgado Décimo Octavo de Distrito y 1174/2023 del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz.
“El Poder Judicial Federal dice a los Jueces de Control del Estado: revoca los carpetazos que le das a las denuncias revócalos y ordena que se reabran las investigaciones porque hay delitos. Ese es un avance significativo porque la idea que sostiene el gobierno es la idea de que pueden o no cumplir un fallo judicial”, dijo.
Agregó que el incumplimiento de un deber legal es un delito de servidores públicos que se encuentra en un capítulo por hechos de corrupción del código penal.
“A mi me dijeron que ya se había acabado la corrupción, pero un juez federal opina lo contrario. En cualquier parte del mundo no atender a un juez, a una autoridad judicial trae consecuencias, ese nivel de impunidad no lo tiene ni Trump (expresidente de Estados Unidos Donald Trump) porque este señor con todo que ya no es presidente de Estados Unidos cada vez que lo manda a traer un juez va, y aquí no” finalizó.
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