miércoles, mayo 1, 2024

El Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla tiene ya una cartera vencida con un monto de 23.9 millones de pesos, ante el IPE.

Cabe resaltar que el 10 de diciembre de 2019 se suscribió un Convenios de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago con el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, sin embargo, a diciembre del año pasado, nuevamente cayó en cartera vencida con un monto de 23.9 millones de pesos.
IPE tuvo que emprender acciones judiciales ante pasivo de ayuntamientos y organismos
En los últimos 5 años, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ha recuperado 578.6 millones de pesos de la deuda acumulada por incumplimiento de Ayuntamientos, y entes estatales en los pagos de las cuotas obrero-patronal.
La directora general del IPE, Daniela Griego Ceballos, recordó que al inicio de la actual administración el adeudo era de 882 millones de pesos pero a diciembre del 2023, por acciones extrajudiciales y judiciales contra los morosos, la deuda se redujo a 34.6 millones de pesos.
Los Institutos Tecnológicos de San Andrés Tuxtla y Misantla, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Veracruz, el CONECALLI, dependiente del DIF Estatal, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado de Veracruz, adeudaban 613.2 millones de pesos y la deuda de 80 municipios sumaban los 268.80 millones de pesos.
Al momento están en trámite las denuncias presentadas contra del Poder Judicial de Veracruz, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, DIF Estatal (CONECALLI), Servicios de Salud, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP-MAVER) y Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). Asimismo, se mantiene en trámite de integración en las fiscalías competentes 39 carpetas de investigación en contra de igual número de ayuntamientos deudores.
Las denuncias han servido como medio de recuperación de adeudos, esto debido a que se ha propiciado un acercamiento de los representantes legales de los ayuntamientos y entes deudores denunciados por este Instituto, para la suscripción de los citados acuerdos de voluntades.

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