Veracruz.-La Auditoría Superior de la Federación ha revelado una serie de irregularidades en la ejecución de obras relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, específicamente en Veracruz y Oaxaca. Según el informe de la revisión de la cuenta pública 2022, se han identificado pagos excesivos y duplicados, así como obras de mala calidad.
Las estaciones navales y destacamentos construidos en Texistepec, Medias Aguas, Matías Romero y Tehuantepec son objeto de atención, donde se ha detectado un pago excesivo de 20.1 millones de pesos a la empresa Cosol – Construction Solutions, S.A.P.I. de C.V, contratada por 206 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto.
Este proyecto tenía como objetivo fortalecer la capacidad operativa de la Secretaría de Marina Armada de México y garantizar la seguridad a lo largo de la línea férrea «Z» en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación encontró múltiples irregularidades en la ejecución del mismo.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados en la aplicación de pintura, discrepancias entre los volúmenes de obra estimados y pagados, así como la falta de justificación en la utilización de equipos y materiales. Además, se observaron pagos sin la documentación correspondiente, así como la ejecución de trabajos que no fueron debidamente acreditados.
La calidad de las obras también fue cuestionada, ya que se detectaron defectos como fisuras, grietas, mala aplicación de pintura, fugas y fallas eléctricas durante los recorridos de supervisión realizados por los auditores.
A pesar de las reparaciones realizadas por la Secretaría de Marina en respuesta a estas observaciones, las deficiencias persisten. La falta de respuesta adecuada a las observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ha llevado a la emisión de una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
Esta promoción insta a la Inspección y Contraloría General de la Secretaría de Marina a iniciar procedimientos administrativos contra los servidores públicos responsables de avalar y autorizar trabajos que no cumplen con los estándares de calidad establecidos en los contratos, lo que constituye un incumplimiento de la normativa vigente en materia de obras públicas y responsabilidad hacendaria.