Para cuidar el agua y evitar abusos de empresas, la diputada de Morena, María Guadalupe Román presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que plantea sanciones que van desde dos años y hasta seis años de prisión, y que se incrementen cuando el infractor sea un servidor público.
En la integración de un capítulo de Delitos contra el Servicio Público del Agua Potable, la legisladora señala que, debe ser penalizada la extracción, distribución y almacenamiento de agua potable cuando no se cuente con el permiso, licencia y concesiones de ley, para lo cual, esta conducta también debe ser sancionada con multas de 50 a 200 días, por abusos con el manejo del agua.
Con el mismo castigo y con multas de 100 a 500 días, sería para quienes sin tener autorización, licencia, concesión o permiso emitido por la autoridad, sustraigan o se apropien del agua potable de la infraestructura hidráulica independientemente del uso que se le destine.
Román Ávila indicó que ante la falta de legislación penal que impida abusos con el recurso hídrico, consideró necesario que se tipifique e impongan las sanciones que también puede ser de de uno hasta tres años de prisión, y multas de 25 a 100 días, a quien extraiga u obtenga agua de una fuente de abastecimiento, distinta a la autorizada.
El ordenamiento vigente establece que alterar la infraestructura hidráulica para la explotación, uso o aprovechamiento del agua o su operación sin permiso, o bien, explotar, usar, aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, se sancionan administrativamente.
Indica que la crisis del agua que vive el país, debido a la sequía y escasez de agua por otros motivos, ha provocado la proliferación de actividades ilícitas de “robo” y “contrabando” del recurso, que podrían llamarse “huachicoleo de agua”.
Otra penalización, que se propone, es de dos y hasta seis años de cárcel, y con multas de 50 a 200 días, a quien sin causa justificada altere, impida o restrinja de cualquier forma, el flujo del agua destinado al suministro a usuarios.
Además, la congresista propuso sancionar con dos y hasta cuatro años de cárcel y aplicar multas de 150 a 300 días, a los propietarios, arrendatarios, poseedores, detentadores o quienes se ostenten como dueños de un predio donde existan tomas de agua potable de las cuales se sustraiga o apropie del recurso proveniente de la infraestructura hidráulica.
La propuesta señala que cuando las irregularidades enumeradas sean cometidas por servidores públicos, los castigos se incrementarán hasta en una mitad, independientemente de las sanciones que procedan por las responsabilidades administrativas en que incurran.
De acuerdo a la Ley Nacional de Aguas, las faltas relacionadas con la explotación ilícita del agua se sancionan por la vía administrativa, pero es necesario aplicar penas privativas de la libertad.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en 2011 se llevaron a cabo 3 mil 346 clausuras de tomas clandestinas, y entre 2012 y 2018, se identificaron 2 mil 280 tomas de ese tipo, en su mayoría en Nuevo León, Jalisco y el Estado de México.
Añadió que de acuerdo a una investigación periodística hecha por el diario El Economista, en conjunto con la organización Connectas, se encontró que entre 2019 y septiembre del 2022, se detectaron 131 mil 603 tomas de agua clandestina en 239 municipios del país, lo anterior, de acuerdo a solicitudes de información pública presentadas ante municipios, organismos locales de agua y fiscalías estatales.