Xalapa, Ver.-La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, ha expresado que la Fiscalía Especializada Anticorrupción, liderada por Clementina Salazar Cruz, no ha compartido avances sobre las denuncias presentadas. Respaldando la postura de la Comisión de Vigilancia, González Cobos ha mencionado la necesidad de mesas de trabajo con la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada contra la Corrupción para obtener informes sobre el progreso de las investigaciones.
Afirmó que el ORFIS no busca invadir competencias, sino que los diputados han manifestado su intención de organizar estas mesas de trabajo, a lo cual el órgano está dispuesto a colaborar. Destacó que el ORFIS está atento a los requerimientos de la Fiscalía, proporcionando información cuando es solicitada, lo que les da certeza de estar involucrados en los casos después de presentar denuncias.
En cuanto al progreso o la demora en las investigaciones, la auditora general mencionó que solo la Fiscalía Anticorrupción está al tanto de las razones o explicaciones sobre este asunto.
Recientemente, el ORFIS informó que presentó 183 denuncias penales relacionadas con las cuentas públicas 2017-2021, sumando un daño patrimonial de 2 mil 224 millones 48 mil 254.86 pesos. El periodo más señalado corresponde al bienio del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, con 67 denuncias por cuentas públicas 2017 y 2018, generando un quebranto financiero de 2 mil 29 millones 621 mil 105.22 pesos.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Faranoni Magaña, había anunciado previamente que buscarán acercarse a las titulares, Verónica Hernández Giadáns y Clementina Salazar Cruz, para establecer un plan de trabajo.
Se destaca que la Fiscalía Anticorrupción, desde su inicio en 2018, solo ha logrado cuatro sentencias contra funcionarios, según datos de transparencia, con 83 procesos abiertos y 143 personas sujetas a proceso. En su gestión, Salazar Cruz obtuvo sentencias contra 3 personas en 2021 y una en todo el 2022, representando el 2.7% de los procesados con sanción en cinco años, incluyendo su período al frente de la institución tras haber trabajado en la Unidad de Género de la Oficina del Gobernador al inicio del gobierno de la Cuarta Transformación en Veracruz.
