Ningún récord en las estadísticas del terror parece ser imbatible en México. Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111 mil 500 personas, se suma el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada.
Ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por covid-19. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.
Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2 mil entierros ilegales.
Los datos para este nuevo reportaje, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado en 88 por ciento. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.
En estos lugares se encuentra parte de la respuesta que buscan miles de familias que escarban la tierra en parajes inhóspitos –en muchas ocasiones arriesgando su vida– para hallar a sus seres queridos desaparecidos.
Los datos analizados por Quinto Elemento Lab permiten saber que en este sexenio también han surgido nuevos epicentros de fosas clandestinas, especialmente en municipios con baja densidad poblacional, que configuran inéditos corredores del terror.
Tecomán, con 116 mil 305 habitantes, es el caso más dramático, al concentrar el 7.3 por ciento de las fosas localizadas desde diciembre de 2018, un total de 209.
Su posición estratégica, a 10 kilómetros de la costa del Pacífico, lo ha convertido en un sitio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes de 2020 elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el grupo Guacamaya, las actividades ilícitas en el municipio son ocasionadas por “el control del puerto interior y [para] mantener una red organizada que les permita y garantice la distribución en los lugares donde se centra la población local y el turismo nacional e internacional”.
Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima, conoce bien la zona. Ella busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido en Villa de Álvarez, Colima, el 20 de agosto de 2018.
Recuerda que cuando hubo el primer hallazgo masivo de fosas, en la ranchería de Santa Rosa en Tecomán, llegaron colectivos de Jalisco, Nayarit y Michoacán para ver si había algún rastro de sus desaparecidos. “Era una zona retirada de la comunidad, como un parque en destrucción, seco todo. Hoyos, ramas secas”, cuenta la buscadora. El registro de la CNB contabiliza 52 fosas clandestinas localizadas entre el 2 y el 6 de febrero de 2019.
Sepúlveda lleva un registro casi poético de las fosas que más le han impactado. Recuerda, por ejemplo, un lirio muy bonito en uno de los sitios de inhumación ilegal, también en Tecomán. Ahí, dice, los peritos excavaban para recuperar los cuerpos y salía mucha agua. Fue una exhumación complicada porque estaban cerca de un manglar.
En otra fosa, cuenta, había un gran árbol de limón, el más grande de la zona; bajo su sombra encontraron unos 20 cuerpos enterrados.
Hubo también una ocasión en que dos inusuales “emisarios” aparecieron. “Estábamos arriba del cerro. Era un calor inmenso. De repente, yo volteo al cielo y veo en un árbol seco un colibrí y le digo a una compañera: ‘Mire, un colibrí. ¿Qué está haciendo aquí si no hay nada que coma?’ Voltea ella para el otro lado y ve una mariposa blanca. Yo creo que eran las dos personas [que se encontraron en la fosa], como que vinieron a darnos las gracias a todos por haberlos sacado de ahí”.
Úrsulo Galván, en Veracruz, con 30 mil 97 habitantes, también destaca en esta lista de municipios. Bajo el suelo seco y arenoso del predio conocido como La Guapota se ocultaba el horror: casi 100 cuerpos enterrados. En total, 79 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2023.
“La vegetación que hay es muy compleja: árboles con espinas, esto que le llaman ‘vainas de pica pica’, y justo las fosas estaban por debajo de esa vegetación, lo cual a mí me da la idea de que son fosas con algún tiempo [de haberse cavado]”, dice Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Otros municipios con mayor población llevan más de una década posicionados en esta trágica lista, como Acapulco, Guerrero, que entre 2011 y 2021 se ubicó entre los seis con más entierros ilegales. En 2019 rompió su récord, al registrar 56 fosas. Lo mismo pasó en Ahome, en el norte de Sinaloa, que reportó 67, también en ese año.
