Diez años después de los lamentables acontecimientos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha confirmado la participación de la Policía Estatal en la desaparición forzada de tres personas, ocurrida en la madrugada del 6 de octubre de 2013.

Los trágicos sucesos tuvieron lugar cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) irrumpieron en las residencias de las tres víctimas durante la madrugada, privándolas de su libertad bajo el pretexto de darles una especie de «advertencia», según informaron a los familiares en ese momento.

En su recomendación 45/2023, la CEDH ha establecido como hechos comprobados la detención ilegal de las tres víctimas, seguida de su posterior desaparición. Además, se ha determinado que la Secretaría de Seguridad Pública violó los derechos a la intimidad y a la vida privada tanto de las personas desaparecidas como de sus familiares más cercanos.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado ha sido señalada por omisiones en la debida diligencia al investigar el caso de la desaparición de estas tres personas, lo que ha causado un grave daño a la integridad física de los desaparecidos y sus familias.

Es relevante mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública negó cualquier participación en la desaparición de los tres hombres y afirmó desconocer su paradero.

Los familiares de las víctimas han denunciado que la Policía Estatal allanó sus hogares bajo la acusación de que los hombres eran «sicarios» y exigieron información sobre la ubicación de supuestos sembradíos.

En cuanto a la Fiscalía del Estado, en ese entonces Procuraduría General de Justicia (PJE), la CEDH ha destacado que hubo retrasos significativos en la colaboración con otras dependencias y, en un momento, se dejó de investigar el caso durante un año.

La búsqueda desesperada de las familias por encontrar a sus seres queridos los llevó a recorrer múltiples lugares en Veracruz, Fortín, Orizaba y la Ciudad de México, sin recibir información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos.

En la recomendación emitida por Derechos Humanos, se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública a proporcionar una compensación por el daño moral y psicológico, emitir una disculpa pública, colaborar activamente con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda para encontrar a los desaparecidos, prevenir la revictimización de los afectados y capacitar a sus elementos en materia de Derechos Humanos.

Por su parte, la Fiscalía ha recibido instrucciones de agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso, compensar adecuadamente a las víctimas, iniciar procedimientos administrativos contra aquellos funcionarios que incurrieron en omisiones y proporcionar capacitación a su personal en temas de Derechos Humanos.