Un informe reciente presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha arrojado luz sobre una preocupante tendencia global. Entre mayo de 2022 y el mismo período de 2023, más de 220 personas y 25 organizaciones en 40 naciones de todo el mundo enfrentaron amenazas y represalias, en algunos casos incluso por parte de entidades gubernamentales, debido a su colaboración con las Naciones Unidas.

Este informe detalla que países como Bielorrusia, China, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, India, Irán, México, Nicaragua, Rusia y Venezuela, entre otros, han sido mencionados en relación con estos casos de amenazas y represalias.

Los defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil están experimentando un aumento en la vigilancia y continúan siendo blanco de tácticas legales restrictivas, limitaciones a su movilidad y amenazas. Algunos incluso enfrentan penas de prisión simplemente por colaborar con la ONU y sus mecanismos.

Esta situación ha llevado a un incremento en el número de personas que deciden rechazar las solicitudes de colaboración con las Naciones Unidas o que solo están dispuestas a hacerlo si su contribución se mantiene en secreto. La creciente preocupación por las represalias ha llevado a que casi la mitad de los países mencionados en el informe implementen o aprueben leyes que sancionan la cooperación con las Naciones Unidas, utilizando la lucha contra el terrorismo o la defensa de la seguridad nacional como justificación.

Estos marcos legales restrictivos representan obstáculos significativos para los socios veteranos de las Naciones Unidas en todo el mundo, ya que se han utilizado para criminalizar a algunos de ellos, registrar sus oficinas y someter a su personal a interrogatorios, amenazas y juicios. El informe pone de manifiesto la importancia de proteger y promover la colaboración con la ONU y sus mecanismos, así como la necesidad de abordar estas preocupantes tendencias que socavan los derechos humanos y la labor de defensores de derechos en todo el mundo.