viernes, mayo 3, 2024

Juez da ultimátum a la SEP para revisar y rediseñar los libros de texto gratuito

Un juzgado federal ha emitido una orden enérgica a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un plazo de 24 horas a partir de este lunes, para que cumpla con la suspensión definitiva que ordena una revisión y rediseño de los libros de texto gratuitos, tras un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

El juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de la jueza Yadira Mena, advirtió que las autoridades responsables han sido negligentes al no cumplir cabalmente con la resolución relacionada a la suspensión definitiva dictada en el caso.

Desde el pasado 29 de junio, la jueza había establecido la existencia de desacato a la suspensión y señaló que los titulares de la SEP, Leticia Ramírez, y de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviar copias de los libros de texto de primaria y secundaria para el ciclo 2023-2024.

En respuesta a las acusaciones, ambos funcionarios federales argumentaron que no les correspondía imprimir ni distribuir los libros de texto, ya que esta tarea recae en la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), la cual, a su vez, alegó estar imposibilitada para cumplir con la suspensión.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 28 de julio que no se retirarían los libros de texto, pese a la suspensión emitida por el juzgado.

Ante esta situación, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) ha seguido de cerca el desarrollo del caso y ahora, con el ultimátum emitido por el juzgado, se espera que la SEP tome acciones inmediatas para acatar la suspensión definitiva y proceda a realizar las revisiones y rediseños necesarios en los libros de texto gratuitos, asegurando la calidad y pertinencia de los contenidos educativos que recibirán los estudiantes en el próximo ciclo escolar.

La sociedad y los actores involucrados en el ámbito educativo están atentos a cómo se resolverá este conflicto legal, pues el acceso a materiales educativos de calidad es fundamental para el adecuado desarrollo del sistema educativo nacional.

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