San Andrés Tuxtla.-Aunque rechazó que haya una ruptura con la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, aseguró que funcionarios de dicho municipio negaron documentación al Congreso del Estado, por eso optaron por intervenir la tesorería.

Aclaró que ello no implicará que vaya a estar exenta de que se le supervisen las cuentas públicas como debe ser, pues afirmó que «no somos tapadera de nadie». 

“Le mando un abrazo a la alcaldesa, pero ella sabe que yo no me presto a ninguna situación”, expresó.

«Está el funcionario de obras públicas, creo que tiene por nombre Salvador, imagínense, era el jefe de obras públicas en el gobierno pasado en San Andrés Tuxtla y creo que ahora es el jefe.

«Y los supervisores que también bloquearon las auditorías que se les fue a hacer, por eso tuvimos que intervenir, no por otra cosa, sino porque no nos querían facilitar la información del Gobierno pasado».

el legislador sostuvo que las irregularidades que rodean a esa administración son diversas, entre ellas una pista que en menos de un año prácticamente es inexistente debido al deterioro que presenta y que costó más de 5 millones de pesos.

Además negó que la voz de un audio que circuló vía redes sociales donde presuntamente acusa la intromisión del hijo de la edil, Ricardo Rubio Solana, mismo que estaría provocando el incumplimiento de acuerdos sobre las obras que se llevarían a cabo en aquel municipio. 

«Por mucho que quieran imitar mi voz no les va a dar y si les da miedo que estén supervisando las cuentas como debe de ser, no nos vamos a parar», acotó. 

Personal del Congreso será el encargado de revisar el gasto del presupuesto del municipio que administra la morenista, María Elena Solana Calzada. Se auditará el gasto de los primeros ocho meses de este 2022.
En la revisión participan el director de Normatividad, Control y Seguimiento, Edmundo Macario Álvarez; directora de Auditoría y Revisión Financiera, María del Carmen Morales Ramos; jefa del Departamento de Auditoría y Análisis de la Cuenta Pública, Mónica Maldonado Suárez, así como los auditores Ana Karen Flores Lobato, Héctor David Contreras Santos y Alejandro Alberto Fuentes Urrutia.

La revisión se hizo por acuerdo de la comisión de Vigilancia que preside Rafael Fararoni Magaña, quien fue votado por la mayoría en el mes de septiembre, llegó como relevo del diputado Luis Arturo Santiago.
La medida de revisión del gasto se tomó en el marco de la emisión del dictamen del Informe de Resultados de la Cuenta Pública, en el que se confirmó el rechazo al trabajo que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) Veracruz, sumado a que el informe individual del municipio reportó anomalías.