Comunicado de Prensa CIDHPDA211119

• «El Gobierno Mexicano no puede pasar por alto las recomendaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU

México.-La COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS AMÉRICAS (CIDHPDA), organización no gubernamental internacional, manifestó su preocupación por el caso de Brenda Quevedo Cruz, quien continúa privada de su libertad en Prisión Preventiva desde el 2005, por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.

Señaló que el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, no puede pasar por alto las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que pidió la liberación de Brenda Quevedo Cruz, luego de encontrar graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas.

Sin embargo, a la fecha, sigue privada de la libertad, señaló.

De acuerdo con información de público conocimiento, el juzgado primero de distrito de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Norte, le negó el cambio de medida cautelar para que continúe su proceso en libertad, por lo que cumplirá 14 años en prisión sin que se le haya dictado sentencia.

La CIDHPDA recuerda que cualquier persona que lleve presa 10 años o más sin una sentencia obtendrá su liberación, si el delito no es grave, al igual que cualquiera que compruebe tortura con base en el Protocolo de Estambul.

En este contexto, Quevedo Cruz presentó una denuncia en la FGR donde aseguró que fue obligada a declararse culpable, tras ser torturada por policías y personal penitenciario en México.

Tras una denuncia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le aplicaron un estudio para saber si efectivamente había sido torturada llamado Protocolo de Estambul, pero no hicieron entrega de los resultados.

La Comisión considera que, la dilación en el plazo razonable de la prisión preventiva por causas no imputables al ejercicio de la defensa de la persona procesada implica afectación a su persona y a los derechos de las víctimas que en el proceso se ven perjudicados en muchas ocasiones.

En este sentido la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, exhortó al Gobierno de la cuarta transformación a identificar e implementar las reformas estructurales al sistema de justicia que son necesarias para evitar que casos como este se repitan.

Por último, la CIDHPDA señaló que el Estado mexicano debe asumir sus obligaciones consagradas convencional y constitucionalmente para que pueda resolver los procesos penales dentro del plazo establecido en la Carta Magna, a fin de garantizar, en su caso, la reparación del daño a la víctima, permitiéndole acceder también a los procesos de justicia restaurativa.