Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública representará a mujeres procesadas o encarceladas por el delito de aborto.

En conferencia, el ministro Zaldívar consideró que el delito de aborto «castiga sobre todo a la pobreza», por lo que su objetivo es «evitar que esto siga ocurriendo».

«Vamos a defender a todas ellas con una defensa de calidad, comprometida, y que permita que recuperen su libertad quienes no la tengan y que no sean procesadas a quienes se les pretenda imputar estos delitos», sostuvo el presidente de la SCJN.

Zaldívar dijo tener la expectativa de que la sentencia de la Corte no se quede en los medios de comunicación o en los libros, «sino que se haga realidad en la vida diaria de todas las mujeres de este país».

Al ser cuestionado sobre la cantidad de casos de mujeres encarceladas o procesadas podrían existir en el país, y de la cantidad de defensores públicos que deberán asignarse a dichos casos, Zaldívar reconoció que aún no se cuenta con un mapeo de cómo están todos los procedimientos en las fiscalías o en juzgados.

«En la corte haremos este esfuerzo para poder localizar estos asuntos y dependiendo de eso destinaremos el número de defensores y defensoras que sea oportuno, pero no tengo todavía el dato», declaró.

En conferencia, el ministro afirmó que en el Poder Judicial «se actúa distinto» que en otras instancias.

«Nosotros no vemos si podemos o cuándo asumimos los retos, nosotros asumimos los retos y luego vemos cómo le hacemos para cumplirlos. Y, hasta ahora, los hemos cumplido».

Despenalización del aborto: un mérito de las mujeres

Al abordar la sentencia dictada el martes, que declarara la inconstitucionalidad de la penalización del aborto voluntario, el ministro Zaldívar destacó que es un mérito que corresponde a las mujeres.

«Este logró es mérito de las miles de mujeres que por años han luchado por sus derechos, de las que ya no están, y de esa marea verde de niñas, chicas jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos».

Consideró que es también «un homenaje a todas las mujeres que han muertos en abortos clandestinos, a todas las mujeres que tuvieron que soportar prisiones injustas, a todas las mujeres que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos».

Agregó que, como presidente de la Corte, fue un honor haber sido «junto con mis compañeras y compañeros ministros, un instrumento para que esta lucha se vaya cristalizado».

Respecto las reacciones de desaprobación y rechazo expresadas por grupos religiosos y antiaborto, Zaldívar dijo que respeta sus creencias y su fe, pero consideró que «en un estado laico, tenemos que decidir con fundamento en los derechos humanos establecidos por la Constitución, y por los tratados internacionales de los que México forma parte».

«Entiendo a todas las personas que no comparten la decisión de respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre la gestación, pero lo que debemos decir es que aquí no se está obligando a nadie a abortar, simplemente se está quitando la criminalización de las mujeres y personas gestantes», recalcó.

El ministro recalcó que la determinación de la SCJN no es una decisión que compita con las creencias religiosas de nadie, ya que «son planos distintos; uno es el plano laico de los derechos y el otro es el plano de la fe y de la religión».

«Yo no sé a partir de qué pureza moral se justifica meter a prisión a las mujeres, cuando además las que están en las cárceles son las niñas, las mujeres pobres. Las niñas ricas -y molesta mucho cuando lo he dicho- siempre han abortado, pero ninguna ha caído en prisión», puntualizó.