México.-El presidente anunció que prepara denuncias por fraude en contratos de suministro de energía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregados a empresas privadas. 

AMLO explicó durante su “mañanera” que existen contratos en los que se acordó la compra de energía eléctrica de centrales privadas por parte de la CFE. Se acordaba una tarifa en el contrato firmado, pero la que se pagaba era mayor, resultando en costos “elevadísimos” por la compra de energía a estas centrales eléctricas. 

“Se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la Hacienda Pública”, declaró. 

El presidente añadió que ya se tiene un estimado de los daños, el cual darán a conocer públicamente “en su momento”. Por ahora, el gobierno federal buscará hablar directamente con las empresas responsables.

“[Presentaremos denuncias] contra los que resulten responsables, porque es un fraude […] Queremos hablar con las empresas primero, una por una. Al mismo tiempo, he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes”, dijo.  

De proceder, este sería el más reciente golpe y el más fuerte lanzado hasta el momento por el gobierno federal en su pleito legal con el empresariado del sector energético. 

Las batallas en tribunales giran en torno a movidas implementadas recientemente por la administración federal en el sector. Dichos cambios -decretados por la Secretaría de Energía (Sener), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y otros organismos reguladores- afectan directamente los prospectos de la IP en la industria eléctrica del país, por lo que acusan al gobierno de buscar una ventaja competitiva para su propia empresa: la CFE. 

El gobierno, por su parte, ha alegado en documentos oficiales y declaraciones de sus funcionarios que el punto de los cambios regulatorios es dar fuerza a las empresas productivas del Estado y otorgarles “piso parejo” para competir en la industria nacional. 

El lunes se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) un amparo en contra de la llamada “Política de confiabilidad” de Sener. La resolución de la Corte deja sin efecto la política decretada por Sener a mediados de maño mientras se resuelve el asunto a fondo en tribunales.