La suprema corte y la democracia
Los estudiosos del constitucionalismo —como doctrina filosófica— sólo conciben al Estado a partir del surgimiento del orden constitucional, que sostiene que la noción de lo que hoy entendemos como Estado de derecho es aquél en donde, tanto gobernados como gobernantes, se someten de igual manera al imperio de la propia Constitución.
Recordar lo anterior es muy oportuno, pues hace unos días, en una histórica sesión virtual —obligada por las circunstancias de distanciamiento social, derivadas de la pandemia que seguimos padeciendo— el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma a la Constitución de Baja California que pretendía que el gobernador Jaime Bonilla Valdez permaneciera cinco años en el cargo y no dos, tal cual como fue electo.
En el año 2014, los Congresos de algunos estados decidieron ajustar sus periodos de gobierno para homologar las elecciones locales con las federales. Ése fue el caso de Baja California y se dispusieron normas para lograr la concurrencia de la elección de gobernador del estado con el proceso electoral federal del 2021, para lo cual fue necesario elegir a un mandatario transitorio que durara 2 años. Así, los bajacalifornianos acudieron a las urnas en 2018 con la idea de votar por un gobernante con ejercicio en sus funciones de dos años, sin embargo, meses después —mediante una reforma inaudita— el Congreso local reformó la Constitución del estado y amplió el periodo por tres años más.
Las reacciones no se hicieron esperar y diferentes actores de la vida política e institucional del país manifestaron su inconformidad y promovieron diferentes acciones en contra de esa inconstitucionalidad, como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diferentes partidos políticos.
A pesar de muchas presiones políticas, el pasado 11 de mayo los once integrantes de nuestro Tribunal Constitucional respaldaron el proyecto del ministro Fernando Franco y por unanimidad aprobaron declarar inconstitucional la reforma a la Constitución del estado de Baja California, pues consideraron que viola los principios democráticos de la Constitución federal, así como los de certeza electoral, seguridad jurídica y no reelección.
El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, hizo una fuerte declaración y argumentó que la intentona del Congreso de Baja California constituyó un “gran fraude a la Constitución y al sistema democrático”.
La contundente decisión de nuestro Tribunal Constitucional es digna de reconocerse y celebrarse, pues el tema no sólo era relevante para Baja California, sino para la República entera. La actuación del Congreso de aquel estado era un hecho —que de haberse concretado— habría sentado un negativo precedente y cimbrado la estabilidad de la Federación al contrariar varios principios torales del pacto federal, como: la certeza jurídica, la no reelección, así como el derecho a votar y ser votado.
Hoy, la SCJN ha estado a la altura de su papel porque consolida el control de la constitucionalidad del país, así como su condición de ser un auténtico tribunal constitucional. Este fallo histórico constituye una expresión clara de madurez política, puesto que la Corte hizo uso pleno de sus atribuciones para garantizar el respeto al Estado de derecho, la consolidación de nuestra democracia, pero, sobre todo, la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Como Corolario, la frase del jurista italiano, Gustavo Zagrebelsky: “Las Cortes están llamadas a contener la tendencia de la democracia a degenerar en demagogia, deben ser una isla de razón en el caos de opiniones”.
