José Lima Cobos

Pudiera considerase impecable, jurídicamente, la decisión de la secretaria de la Función Pública en el caso de Manuel Bartlett  Díaz sobre conflictos de intereses o enriquecimiento inexplicable, pero se parece más a lo aconteció con la exesposa de Peña Nieto en el sonado asunto de la “casa blanca”, que evidenció la corrupción que ese negocio encerraba, y lo mismo se resalta en la reciente investigación que, si no se hace nada y si ahí muere, será el peor estigma para el gobierno de López Obrador, al presumir combatir la corrupción e impunidad y tolerarla en esa aberrante forma.

Afirma la secretaria de la Función Pública presume que se buscó hasta en las piedras y no se encontró nada que empañe al director de la Comisión Federal de Electricidad , sin embargo, esconde el pasado político, pues es sabido, público y notorio, que fue hijo de quien gobernó el estado de Tabasco y que el imputado tiene la genealogía política siguiente, que deja muchas dudas, que obliga a que, en ocasión critica como se vive ahora, en un cambio profundo, tiene que esclarecerse, porque “la mujer del César no tan solo debe ser honrada, sino también parecerlo”.

Bartlett se inicia como auxiliar en el PRI con Carlos Alberto Madrazo y después cae en la CNOP, con Guzmán Orozco, de ahí con Rosell en relaciones exteriores y después a las nubes con Miguel de la Madrid, para escalar a la secretaría de gobernación y en premio a su comportamiento -dudoso en el proceso electoral del 88 en el fraude de Salinas de Gortari, de secretario de gobernación-, va a la secretaría de Educación y posteriormente a la gubernatura de Puebla para después enrolarse en la oposición y ocupar cargos de elección popular- diputado y senador- y ahora con López Obrador en la Comisión Federal de Electricidad, carrera burocrática, es decir, no ha estado en empresas defraudadoras, sino en la medianía de los salarios que tiene la burocracia, cuya fortuna personal y de su familia no puede llegar, en efectivo y greña, a no más de ciento cincuenta millones de pesos.

Si, como se afirma, que posee una fortuna de más de ochocientos millones de pesos, es descomunal y no lo puede explicar y menos justificar a la luz de la transparencia que se reclama ahora, pues, o proviene de los delitos de delincuencia organizada, de defraudación fiscal, o enriquecimiento inexplicable o algún otro trastupije que la ley aún no califica, porque, honestamente, es imposible, llegar a esos niveles de enriquecimiento, salvo Salinas de Gortari que según Téllez, se robó la partida secreta de la presidencia.

Así,  como se observa , que la oportunidad la pintan calva, bien vale la pena que la secretaria de la función pública,- para que acredite su honestidad profesional en el cargo encomendado por el presidente de la República-, debió, de oficio, revisar el origen diabólico de las propiedades de las personas ligadas, -parentela hasta el cuarto grado o bien de relaciones sentimentales- o de cualquier manera con el denunciado, para conocer su origen, porque en nada contribuye su investigación  para justificar lo que se viene combatiendo, – nada por la epidermis, el pueblo quiere la verdad real no la formal- para no perder la confianza, porque el bono democrático del presidente es más que suficiente para que nadie pueda vivir, de nueva cuenta ,en la corrupción y menos en la impunidad, y se enrarezca el ambiente político con esa garrafal solución que, por decir lo menos, es más que ridícula.

Ahora bien, la existencia de una fiscalía autónoma, es suficiente para iniciar una investigación y llegar al fondo de ese patrimonio que sin duda es producto de lo robado y que el pueblo exige que se devuelva para emprender las obras públicas que se les han negado, porque es conveniente ponderar que “entre ladrones o bandidos, no hay jerarquías”, rasero igual para todos.

Sería un buen comienzo, -por ética, si es que existe- que el imputado transparentara todo lo concerniente a ese patrimonio, y se acogiera al beneficio de la lozanía que cuando han cometido un acto u omisión ilegal,-total, a sus más de ochenta años-, daría una demostración de pudor y dignidad republicana, cuando se acredite que, no tan solo sirvió a la patria, al luchar por rescatar a la industria eléctrica como patrimonio nacional, sino que su grandeza la probaría de vivir en la medianía de un luchador social y recobrar aquello que el poeta Salvador Diaz Mirón aplicó “hay aves que cruzan el pantano y no se manchan.”