El gobierno de Veracruz recibió una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por violaciones graves a derechos humanos, por la desaparición forzada de ocho policías municipales del municipio de Úrsulo Galván, ocurrida el 11 de enero de 2013; atribuible a 15 agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” de la secretaría de seguridad Pública del estado (SSP Veracruz), así como a la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadans, por la inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de familiares de las víctimas.
Policías que laboraban en el municipio de Úrsulo Galván fueron víctimas de desaparición forzada por agentes del Estado, al ser detenidos y privados de su libertad, de quienes a la fecha se desconoce su paradero, así logró acreditar la CNDH.
Acreditó que desde que ocurrió la desaparición forzada, la SSP-Veracruz no realizó las investigaciones sobre la participación de los agentes del entonces denominado “Grupo Tajín” aun cuando existían elementos de convicción que involucraban su participación en el caso, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó al Gobernador de Veracruz, reparar el daño a las víctimas indirectas, incluyendo compensación y/o indemnización, así como inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionarles atención integral, y ofrecer una disculpa pública institucional por las omisiones y la impunidad derivada de la desaparición forzada.