MÉXICO.- La defensa de Rosario Robles, ex titular de Sedesol, informó que luego de una reunión en el penal de Santa Martha Acatitla, donde Robles cumple prisión preventiva, decidieron finalizar la relación profesional.
De acuerdo con los abogados, su defendida atraviesa una situación económica precaria y no puede cubrir los honorarios correspondientes. Sin embargo, los anteriores, han sido debidamente devengados bajo la más estricta ética profesional.
Los abogados de Robles, que pertenecen al “Bufete Hernández Barros Abogados” y “Oléa & Oléa Abogados” expresaron:
“Decidimos finiquitar la relación profesional que nos une con la antes mencionada (Robles), renuncia, que será efectiva hasta que la señora Maria del Rosario Robles Berlanga designe nuevos defensores”.
A partir de esta fecha, el abogado Julio Antonio Hernández Barros se encargará “únicamente de la continuidad de la defensa y de todos los actos procesales que se encuentren pendientes y, en su momento, en realizar una entrega-recepción y transición ordenada de la misma”, a quien la exfuncionaria federal disponga.
Lo anterior, a efecto de que el nuevo equipo jurídico que se designe, se encuentre debidamente enterado y notificado, tanto del estado procesal de la carpeta de investigación, la causa penal y otros recursos que se instruyen en contra de la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).
Los abogados reiteraron su confianza en el Poder Judicial de la Federación y dijeron estar convencidos de que Robles Berlanga obtendrá su libertad en el corto plazo.
Asimismo, hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura Federal para que realice una investigación exhaustiva y conforme a derecho, sobre el actuar del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.
Dijeron que el juzgador a través de sus resoluciones judiciales “mantiene ilegal y arbitrariamente privada de la libertada a la señora María del Rosario Robles Berlanga”, al tiempo que reiteraron su respeto a la independencia y autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR) y de su titular.