El Gobierno anunció que promoverá la investigación de jueces y funcionarios que han cometido fallas y omisiones en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014, tras la absolución de uno de los principales acusados.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, criticó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador la sentencia absolutoria en favor de Gildardo López Astudillo, emitida el 30 agosto por el juez federal Samuel Ventura.

Encinas dijo que López Astudillo, conocido como «el Gil», es reconocido como jefe de plaza del cártel Guerreros Unidos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, donde desaparecieron los jóvenes el 26 de septiembre del 2014.

«El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas que buscaban acreditar el delito de secuestro y se circunscribió a analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación», relató.

Asimismo, añadió, Ventura consideró que se había aplicado tortura pese a que la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) realizó los exámenes médicos y psicológicos establecidos en el Protocolo de Estambul, que demostraron que el sospechoso no había sido torturado.