Según la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, ninguna dependencia gubernamental en el estado de Veracruz cuenta con un recurso destinado para reparar daños, aunque la Ley lo establezca.

Explicó que dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas se establece que las dependencias gubernamentales, sobre todo las que han recibido recomendaciones o sentencias derivado de actos irregulares o la comisión de delitos,  deben de considerar dentro de su Presupuesto de Egresos una partida para resarcir estos daños.

“Hasta ahora no conozco ninguna dependencia que contemple en su Presupuesto de Egresos este fondo, aunque deberían hacerlo. De verdad que no tengo idea por qué no lo hacen (…) Las dependencias de la administración pública están obligadas a contemplar (…) una cantidad precisamente para responder de manera directa, ya sea por recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos para el caso de la dependencia señalada como responsable de violación a derechos humanos no haya considerado este fondo. Entonces, de manera subsidiaria entrará la Comisión de Victimas a reparar, a indemnizar”, detalló.

Matsumoto Benítez mencionó que por su parte el Congreso local aprobó un presupuesto de 80 millones de pesos para el Fondo de Ayuda y Reparación que contempla la Ley Estatal en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Finalmente destacó que dicho recurso debe ser aplicado este año de acuerdo a las leyes de operación establecidas por los legisladores.