Universidades en la mira
Luis Velázquez
04 de marzo de 2019
Hay un operativo oficial sobre el presunto lavado de dinero en una universidad pública cuya identidad fue ocultada por varias semanas y ahora la secretaría de Hacienda y Crédito Público revela que es la Universidad Autónoma de Hidalgo.
Y como dice el doctor en Economía, Raúl Arias Lovillo, exrector de la Universidad Veracruzana y ex secretario Académico de la Universidad Autónoma de Guanajuato, resulta inverosímil pensar que el nivel de corrupción en alguna universidad pública del país llegara al extremo de lavar dinero público, y más, mucho más, en el extranjero.
Por el contrario, se trataría, digamos, de una campañita para reducir y estrangular, por un lado, el presupuesto para las universidades, y por el otro, para eliminar su incómoda autonomía, ahora cuando según el historiador Enrique Krauze, hay, pareciera existir una antología del autoritarismo.
Nadie exculpa, claro, ni pretende taparse de un huracán con un paraguas, a los responsables de las universidades que fueron utilizadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto para desviar recursos públicos.
Y más luego que en el portal digital, Animal Político, publicaron la “suma de un total de 31 denuncias interpuestas ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por diversas irregularidades.
Y la que más acumula irregularidades es la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con 9 denuncias penales y que fue la primera institución educativa en ser denunciada en 2012, luego en 2015 y en 2017″.
Después, y en la misma lógica, están la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con siete denuncias penales; la Politécnica de Chiapas, con 2; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas”, también con 2 denuncias, respectivamente.
Las restantes, publica el periódico digital, tienen una denuncia penal: la Universidad Veracruzana, la Autónoma de Guerrero, Juárez del Estado de Durango, la Intercultural del Estado de México, la Tecnológica del Sur del Estado de México y las Politécnicas del Sur de Zacatecas, de Texcoco, de Quintana Roo, la Francisco I. Madero de Hidalgo”.
Por lo pronto, y ante tanta revoltura, la UV de la rectora Sara Ladrón de Guevara desmintió (AVC) las acusaciones de que le habían bloqueado el presupuesto asignado por el lavado de dinero al transferírsele 150 millones de pesos de cuenta de Suiza», cuando la SHyCP ya dijo es de la Hidalgo (Notiver, 27 de febrero, 2019).
CIEN UNIVERSIDADES DE AMLO
Ha de recordarse que desde el año 2006, en plena campaña para la presidencia de la República, el entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, declaró en la asamblea de la ANUIES, que aglutina a las universidades públicas de la nación, que de llegar a la presidencia quitaría el examen de admisión para que hubiese pase libre de las preparatorias a las universidades.
Y ahora como jefe del Poder Ejecutivo Federal, ha insistido en la idea y la posibilidad.
No le han valido los sólidos argumentos de los Rectores para convencerlo en contrario.
Por eso, a AMLO, todo indica, le molesta por ésta y otras razones la autonomía universitaria.
Y por lo mismo, no es casual que MORENA se haya olvidado en la propuesta de modificación del artículo tercero constitucional del apartado sobre la autonomía universitaria, y que por cierto, además, el desatino continúa sin corregirse.
Al gobierno de MORENA no le interesa la calidad de la educación de los jóvenes pues la creación de las cien nuevas universidades está sin ningún control sobre el profesorado y los programas académicos.
La elite educativa todavía está, por ejemplo, sin entender ni comprender que el problema no es cantidad (ya existen cerca de cuatro mil instituciones de educación superior en México), sino de calidad.
MINAR A LAS UNIVERSIDADES
A lo anterior se agrega la reducción presupuestal en ciencia y tecnología y la propuesta de reorganización del CONACYT que ha recibido críticas muy fuertes por parte de la comunidad científica del país.
Y más cuando en un principio nombraron a un chairo subdirector general y a una modista encargada de otros programas científicos y que, ni hablar, AMLO debió asestar el manotazo ante la pifia cometida.
Por eso, el nuevo capítulo del presunto lavado de dinero se inscribiría en este camino de minar la credibilidad social de las universidades públicas para reducir sus presupuestos (que ya lo hacen actualmente los gobiernos federal y estatales) y para eliminar la autonomía universitaria como denunciara el líder nacional de la CONTU y líder del FESAPAUV en Veracruz, Enrique Levet Gorozpe.
Mejor sería, enfocar las baterías para castigar a los funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto que propiciaron la terrible corrupción en la llamada Estafa Maestra así como a los rectores de las universidades públicas que cometieron las irregularidades.
Parece, sin embargo, que el gobierno sigue otro camino, como es minar la confianza que la sociedad tiene en las universidades públicas y liquidar la autonomía tan incómoda como la autonomía de otros organismos.
