CDMX.- El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, advirtió que la minuta creación de la Guardia Nacional que se discute en el Senado, “no pasa la prueba de la convencionalidad”, ya que apuesta por constitucionalizar la participación castrense en tareas de seguridad pública.
Por lo anterior, México incumpliría con el orden jurídico internacional en materia de derechos humanos que está obligado a cumplir, por lo que en caso de aprobar el surgimiento de una Guardia Nacional, se debe eliminar de su diseño el componente militar y conformarse como una corporación netamente civil.
La normalidad en un Estado democrático de derecho, dijo, es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de las corporaciones civiles y del sistema de procuración de justicia. Bajo ese principio, resulta incomprensible que hoy en día en México se esté discutiendo una propuesta que “prácticamente renuncia a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad, e incluso aspira a desaparecer la principal corporación existente (la Policía Federal)”.
Remarcó que el propio gobierno ha reconocido que la estrategia del uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha sido un fracaso, al grado de que en entidades en las que más elementos castrenses se han desplegado para esas acciones, como Guerrero o Tamaulipas, siguen siendo de los más violentos.
“Preocupa que en lugar de su retiro programado de estas tareas para las que no ha sido creadas, (la minuta) propone crear una corporación con características militares y, además, constitucionalizar la participación castrense en esas tareas”.
Para el representante de esa oficina del organismo multilateral, no es desconocido que una de las razones de la grave crisis de inseguridad que enfrenta el país es que la gran debilidad del sistema judicial sea la impunidad causada por la mala calidad de las investigaciones. Por lo que interrogó: “¿Por qué en lugar de fortalecer a la justicia se propone hacerlo con las fuerzas armadas?”.
Asimismo declaró: “Que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado contra la militarización de la seguridad”.
Por ello, hizo seis propuestas que confía sean escuchadas, y sobre todo contempladas por los legisladores para la aprobación de la Guardia Nacional: que no se desatienda la necesidad de garantizar el componente meramente civil para esta corporación y sujetarla a controles democráticos del orden civil.
Además, que en caso de que se contemple el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública, éste sea transitorio y se sujete a un plazo perentorio de vigencia a fin de ser acorde a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, concretó.