El seguro de gastos médicos mayores, así como los seguros de vida para altos funcionarios y mandos medios, significaba un gasto de unos 25 millones de pesos anuales al presupuesto de Veracruz.

Sin embargo, con la Ley de Austeridad implementada por la actual administración de Cuitláhuac García Jiménez, ahora serán los funcionarios los que tendrán que pagar de su propio bolsillo dicha protección si así lo deciden de forma particular.

El ex diputado local y expresidente de la Comisión de Hacienda del Estado en la LXIV Legislatura, Carlos Morales Guevara, refirió que poderes como el Legislativo destinaban cinco millones de pesos anuales en este rubro.

Esto para beneficio de sus mandos medios es decir, directores de áreas administrativas, además de los 50 legisladores que integran el Congreso veracruzano.

Explicó que con los trabajadores se empleaba un monto de tres millones de pesos en seguros de gastos médicos y para los legisladores locales un millón 300 mil pesos; además de un seguro de vida por el que se erogaban 700 mil pesos anuales.

Asimismo, el Poder Legislativo se invertía un total de cinco millones de pesos para las empresas aseguradoras.

“Pero el recorte “con la Ley de Austeridad” se tiene que traducir en todos los organismos autónomos y descentralizados, por lo que probablemente los ahorros rebasen los 25 millones de pesos, grosso modo, en la entidad”, indicó.

No obstante, la Ley de Austeridad promulgada este 2019 por Cuitláhuac García Jiménez establece en su artículo 3 que los servidores públicos de la entidad solo recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente.

Por esta razón quedó prohibido cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva en entes públicos locales.

La Ley subraya que las medidas son aplicables a todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado, así como a los organismos públicos a los que la Constitución Estatal otorgue autonomía, en sus respectivos ámbitos de competencia.