El gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tienen tres meses para reparar el daño ocasionado a los pensionados y periodistas que fueron agredidos por policías estatales durante una manifestación en la que exigían el pago de pensiones atrasadas, ocurrida el 23 de diciembre de 2015.
A casi tres años de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 16/2016 CEDH en la que determinó que el Gobierno del estado, a cargo entonces de Javier Duarte de Ochoa, violó los derechos humanos de los pensionados al ordenar, a través de la Secretaría de Gobierno —cuyo titular era Flavino Ríos Alvarado— el desalojo de los pensionados, en su mayoría personas mayores de 60 años.
De esto se derivarán denuncias penales y de tipo administrativo contra mandos medios y superiores de la SSP, como el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; el ex director de la Fuerza Civil; el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, además de otros servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado (FGE) y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), como es el caso de su ex titular, Luis Ángel Bravo Contreras.
La CNDH determinó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) violó sus protocolos y códigos de conducta al hacer uso excesivo de la Fuerza contra los pensionados, ya que para disolver la manifestación y abrir la avenida Juan de la Luz Enríquez usaron armas de descargas eléctricas, bastones “bo” y toletes contra los adultos mayores.
Ese día acudieron a disolver la manifestación cerca de 120 elementos policiacos, entre policías estatales, de Fuerza Civil y antimontines, que agredieron a las manifestantes, a pesar de que durante la investigación de la CNDH, la SSP aseguró que se condujeron con legalidad.
Por ello, parte de la recomendación emitida incluye iniciar procedimientos administrativos contra mandos medios y superior de los agentes operativos de la SSP y Fuerza Civil, pues había incluso jefes policiacos vestidos de civil que amedrentaron a la prensa y los jubilados.
“En unos de esos momentos un policía que tenía una pistola eléctrica me agarró con violencia, me torció la mano y el brazo aplicándome una llave; me dio descargas eléctricas con esa pistola que llevada, ya que un policía me agarraba y el otro que estaba encapuchado y con casco me daba en la parte del costando y en la parte ajá de la espalda toques eléctricos”, se lee en un testimonial de un pensionado.
