La Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa «no tiene la objetividad ni la imparcialidad que se requiere en el debido proceso, afirmó Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En entrevista, dijo que dicha comisión les deja la dirección de la indagatoria a los representantes de las víctimas, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos».

Aseguró que «la principal preocupación del caso es que se busque la responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión».

“La Sedena ha ejercitado algunas acciones porque considera que la comisión de la verdad no está prevista en el orden jurídico mexicano ni está prevista en algún tratado internacional, entonces, nosotros pensamos que una investigación a cargo de un organismo, que por cierto, le deja la dirección de la misma a los representantes de la víctimas [CNDH], pues no tiene la objetividad y la imparcialidad que se requiere”, dijo para el Universal.

Como consecuencia de esa postura “algunos elementos militares interpusieron un recurso contra esa resolución, porque si la investigación no se hace en el marco de la ley, pues sus derechos, sus garantías pueden verse lesionados al ser una investigación ad hoc, fuera de procedimiento, una investigación, insisto, sin garantías”

“Quien estaba actuando contra los estudiantes era la policía. No sólo es una cuestión de toma de decisiones, es una cuestión jurídica, y así fue informado a la Procuraduría General de la República (PGR). Tenemos un reglamento y una ley de disciplina que nos prohíbe entrometernos en los asuntos de la policía”, indicó.

“La principal preocupación tendrá que ser que investiguen qué fue lo que pasó, quiénes actuaron en contra de los estudiantes y dónde están”.