La más reciente modificación a la ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE),podría tener un impacto económico de más de 5 mil 500 millones de pesos en el presupuesto de 2019, tan sólo para cumplir con el pago de pensiones a jubilados.

El director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Hilario Barcelata Chávez, comentó que en está en desarrollo un estudio actuarial que debió integrar el dictamen que se aprobó el pasado jueves, para conocer el impacto económico de la propuesta de los sindicatos y la comisión especial del Congreso local.

El pasado jueves se presentó media centena de modificaciones a la ley del IPE que obliga al estado a cubrir el subsidio del déficit financiero en el pago de pensiones y jubilaciones, además de que se autorizó otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores, los cuales también tendrá que financiar el gobierno.

En entrevista telefónica, el director del IPE explicó que la Ley de Disciplina Financiera obliga a que cualquier modificación a la norma vigente que impacte el gasto económico del estado debe tener un estudio actuarial.

El funcionario detalló que la iniciativa no podría incluir un estudio actuarial alterno o hecho por terceras personas, pues se tenía que pedir la información a Sefiplan y al propio Instituto de Pensiones del Estado.

«Justamente estamos haciendo el análisis. Vamos a hacer un estudio actuarial para (saber) con precisión de cuánto sería el impacto presupuestario de la modificación de los artículos que otorgan mayores beneficios a los derechohabientes. No quisiera adelantar, porque lo que tenemos es sólo una estimación, falta el estudio. Pero (la afectación) va a ser fuerte en términos de que incrementará el déficit del instituto casi en el mismo monto en que es ahora.»

– ¿El impacto sería de 5 mil millones?

–Sí, llegaría como a los 5 o 5 mil 500 millones de pesos.

Para concluir, fustigó que la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Congreso local nunca pidió información por la vía oficial del impacto presupuestal, por lo que la iniciativa no atiende la Ley de Disciplina Financiera.

Dijo que el documento que acompaña a la reforma no tiene validez, pues cualquier cálculo en el impacto financiero de las finanzas se debe basar en datos oficiales, y ellos no los entregaron.