El especialista en derecho y búsqueda de desaparecidos, Jorge Verástegui González, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a vincular a proceso al exgobernador Javier Duarte de Ochoa y exservidores públicos de su administración por actos de desaparición forzada.
Expuso que conforme a las investigaciones realizadas por la FGE por casos de desaparición forzada y en los cuales ha sido señalado como presunto involucrado el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo «N», se puede fincar alguna responsabilidad al exfiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras; así como al exmandatario estatal.
Mencionó que conforme a la información que se ha generado y las investigaciones presentadas por la Fiscalía General se puede determinar que habría motivos para que Javier Duarte y los exfuncionarios que estuvieron a cargo de la seguridad sean vinculados a proceso.
Aunque reconoció que no tiene los datos precisos de la investigación que realiza la FGE, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, manifestó que las evidencias, las declaraciones y las pruebas que se han presentado son claras.
El defensor de los derechos humanos expuso que el hecho de que se reconociera que la desaparición forzada era una política pública en la pasada administración estatal, sería motivo para que se acudiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a los exservidores públicos por presuntos delitos de lesa humanidad. «Sino hacen su trabajo estarían cometiendo un delito y se les finca responsabilidad. Es obstrucción en la búsqueda», expuso.
