Xalapa, Ver.
La contratación de despachos de abogados para la recuperación de bienes en países como Estados Unidos o Europa, podría ser irregular, dado que dependencias como la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), no tiene información documental sobre acuerdos, convenios o contratos con alguna firma extranjera.
Como respuesta a una petición vía transparencia, la dependencia respondió que no tiene dentro de su padrón de proveedores el registro de algún abogado, o firma que pudiera estar prestando sus servicios en el ámbito civil o penal, fuera del territorio estatal.
El pasado 26 de marzo, cuando se anunció el decomiso del rancho la Cartuja, en Naolinco, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares confirmó la contratación de un despacho de abogados en Europa, para incautar bienes de exfuncionarios de la administración de Javier Duarte, o del propio exgobernador, que se habrían comprado con dinero del erario público, en Inglaterra y España.
Esa misma fecha informó que se había contratado a la firma Buzbee Law en Houston, Texas, en donde se inició un juicio civil para recuperar algunos bienes que el ex gobernador compró en ese Estado. El mandatario aclaró que el pago al despacho se daría en proporción a los bienes recuperados.
La contratación de firmas de abogados, es con la intención de tener resultados a corto plazo y garantizar la recuperación de los bienes.
“Por la vía penal tendríamos que haberlo hecho ante la Procuraduría General de la República y ellos a su vez demandarlo fuera del país, y es un procedimiento muy largo que seguramente llevaría muchos años; los bienes se perderían, las cuentas las cambiarían de nombre, venderían los bienes inmuebles, en cambio por la vía civil podríamos recuperar los bienes aunque el costo sea mayor, sin embargo sería un procedimiento más inmediato”, dijo.
El 2 de febrero de este año, el abogado Anthony Buzbee, declaró al periódico Houston Chronicle , que había presentado cinco demandas en el Condado de Harris, con las que el gobierno de Veracruz busca recuperar más de 75 millones de dólares que, según afirma, fueron reinvertidos en al menos 40 propiedades distribuidas en los condados de Harris y Montgomery por individuos y compañías de Texas que se describen como asociadas con Duarte, según registros de propiedad.
Tony Buzzbee, es un reconocido abogado texano que ha representado a personajes como el ex gobernador de Texas, Rick Perry, quien fue acusado formalmente por abuso de poder y logró desestimar dichos cargos.
