CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el informe donde afirma que 34 procesados por el caso Iguala fueron torturados, porque sostuvo que sus conclusiones son prematuras y ponen en riesgo las investigaciones en curso por ese delito.
La Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra entregó hoy un documento con las observaciones al informe “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, publicado por la ONU-DH el pasado 15 de marzo.
En su respuesta, México reitera que ha practicado el Protocolo de Estambul a todos los acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y hasta la fecha no ha detectado indicios de tortura, aunque las investigaciones siguen abiertas.
“Como se destaca en el documento de observaciones, después de haber realizado los dictámenes periciales en el marco del manual de investigación conocido como el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados a la fecha no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos.
“En el documento de observaciones, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas”, señaló el Gobierno Federal.
Sostuvo que la investigación en curso atenderá los principios aplicables y las normas jurídicas nacionales e internacionales, incluidas aquellas que establecen la exclusión de las pruebas en los casos donde se comprueba la comisión de actos de tortura.
Indicó también que la Visitaduría General de la PGR continúa con las indagatorias para fincar responsabilidades administrativas por presuntas irregularidades en algunas diligencias, conforme al marco legal aplicable y en pleno ejercicio de su autonomía técnica.
El Gobierno mexicano también consideró que el Informe de la ONU-DH “carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’ como su mismo título lo describe”.
En su respuesta, cuestiona que su informe publicado en marzo la ONU no se atuviera a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, suscrito el 22 de febrero de 2017.
“La decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del Acuerdo señalado, además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto”, refiere.
El documento de observaciones del Gobierno también fue entregado hoy al mecanismo de seguimiento del caso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 168 período de sesiones, en Santo Domingo, República Dominicana.
La autoridad federal reiteró su propósito para agotar todas las líneas de investigación en el Caso Iguala y de seguir trabajando con la CIDH, con el objetivo de arribar a sus conclusiones en este año.
